¿Qué ocurrirá ahora con Puigdemont tras dictar la juez la orden de detenerle?

• La juez aprueba la solicitud del fiscal y dicta una orden de detención y entrega
• De seguir allí el expresidente y sus exconsellers, Bélgica tendría que detenerlos
• La llegada a España de Puigdemont podría demorarse más de dos meses

Si Puigdemont no declara ante la Audiencia la juez puede emitir una orden europea de detención

Al no acudir el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers a la Audiencia Nacional el pasado jueves 2 de noviembre, donde estaban citados a declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación, la juez de la Audiencia Carmen Lamela ha ordenado directamente su detención a petición de la Fiscalía.

El día 1, el exjefe del Ejecutivo catalán, que se encuentra en Bruselas desde este lunes junto a cuatro de sus exconsellers -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)-, anunció que no regresará de Bélgica hasta que no tenga "garantías" de un "juicio justo" en España.

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En vista de su rebeldía, la Fiscalía pidió a la juez cursar sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra ellos para que se les ponga a disposición de la justicia española. Se abre así un procedimiento que podría durar más de dos meses hasta que sean entregados a España:

La jueza dicta las euroórdenes

La juez Lamela ha emitido órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y de busca y captura nacional e internacional para cada uno de los miembros del Govern cesado que no comparecieron. Las ha dirigido expresamente a la Fiscalía Federal de Bélgica, por un lado, y también a la Policía, la Guardia Civil e Interpol.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la UE al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004.

La Fiscalía Federal belga examinará el sábado las cinco órdenes de detención, según han informado fuentes de la propia fiscalía. Será entonces cuando se desgine un juez de instrucción para que se encargue del caso.

"La estudiaremos, se la daremos [la orden de arresto] a un juez de investigación mañana (por el sábado) o pasado mañana (por el domingo)", dijo el fiscal federal Eric Van der Sypt a la agencia Reuters este viernes.

El juez instructor belga puede rechazar la orden

A partir de entonces, el juez tendrá 24 horas para decidir si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión para las persona implicadas y si hay alguna causa de rechazo de la euroorden. En este trámite, el juez podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

No sería la primera vez que Bélgica rechaza una orden de extradición a España. Ocurrió en 2013, cuando se opuso a entregar a España a la presunta etarra Natividad Jáuregui, detenida en Gante. De hecho, el abogado que asesora a Puigdemont en el país belga, Paul Bekaert, evitó en tres ocasiones la extradición de Jáuregui dictada por la Audiencia Nacional.

El ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha avisado de que la ejecución de la orden europea de detención es un proceso que depende de las autoridades judiciales del país y que el Gobierno federal "no tiene rol" alguno que desempeñar en él. En un comunicado publicado en Twitter, Geens explica que es "un procedimiento enteramente judicial. El poder Ejecutivo no juega ningún rol en el procedimiento. Todo se hace por contactos directos entre las autoridades judiciales".

En caso de detención en Bélgica

La orden de la jueza se tramita también para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers, a no ser que ellos se entreguen antes.

Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían puestos a disposición de un juez que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si el juez no dicta prisión para las personas requeridas deberá tomar las medidas necesarias para "evitar la fuga", por ejemplo mediante la prohibición de viaje o con sistema de vigilancia electrónica.

¿Y si los detenidos no aceptan su entrega a España?

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones. Pero, en caso de no ser así -una hipótesis que ha apuntado el asesor legal del expresidente Puigdemont), la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no.

“El proceso podría alargarse meses si rechazan la extradición y se agotan todos los recursos“

La decisión de este órgano se puede recurrir ante un Tribunal de Apelación, lo que abriría un nuevo plazo de 15 días, y en último caso se puede apelar ante la Corte de Casación, que dispondría de otros 15 días para resolver.

En definitiva: una entrega en diez días o en más de dos meses

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención, el plazo máximo que se da a los Estados miembros de la UE para concluir si la orden de extradición se ejecuta o no.

E incluso este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.

En definitiva, en caso de apurarse todos los recursos posibles, se celebrarán las elecciones autonómicas catalanas convocadas por el Gobierno el 21 de diciembre sin que Puigdemont o el resto de los consellers hubieran sido entregados a España. Y lo último que dijo públicamente el cesado presidente de la Generalitat antes de que la Audiencia Nacional dictara la orden de detención es que estaba dispuesto a presentarse como candidato e incluso hacer campaña desde Bélgica.

Protección de los derechos fundamentales

De acuerdo al ordenamiento legal del país, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus derechos fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está acusado de malversación y prevaricación (además de desobediencia).

El abogado Paul Bekaert ya ha dejado entrever en declaraciones a la prensa que si pide la extradición del expresidente autonómico la recurrirá apelando al riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales en España.