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La Fiscalía apoya la recusacion de Garzón a cinco de los jueces que deben juzgarle

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado las recusaciones presentadas por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los magistrados que componen el tribunal que debe juzgarle por investigar los crímenes franquistas.

En un escrito, dirigido hoy al Alto Tribunal, el fiscal Luis Navajas se adhiere a una de las causas de recusación alegadas por Garzón, la de que los citados magistrados estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de la causa, pero rechaza que éstos tengan interés directo o indirecto en el procedimiento.

Los magistrados recusados son el presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón les recusó el mes pasado al considerar que estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de esta causa.

La razón de la adhesión no es porque se pueda sospechar una actuación futura de la Sala recusada que pueda tildarse de falta de imparcialidad, sino "sólo y exclusivamente con una finalidad preventiva y para apartar cualquier sombra de sospecha que pueda empañar la recta aplicación del Derecho inherente a la función jurisdiccional reconocida en el artículo 117 de la Constitución".

Los jueces de la Corte de Estrasburgo condenaron a España por unanimidad al considerar que se violó el artículo 6.1 -derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial- del Convenio Europeo de Derechos Humanos al haber sido juzgado por una Sala integrada por tres magistrados que ya habían intervenido previamente en varios actos de instrucción del caso.

Al respecto, el fiscal añade que un importante precedente para este caso es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en 2008, dictaminó que el ex juez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando el Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el denominado "caso Sogecable".

El fiscal recuerda que los magistrados recusados por Garzón admitieron a trámite la querella presentada contra el juez, han respaldado "sin fisuras" la labor del instructor de esta causa, Luciano Varela, y han rechazado todos los recursos planteados por el querellado, así como "las insistentes y muy fundadas solicitudes de sobreseimiento instadas por el Ministerio Fiscal".

Apoyado por la Fiscalía

Esta, sin embargo, no es la primera ve que Garzón recibe el apoyo de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En marzo de 2010, esta misma fiscalía pidió el archivo de la causa contra el juez por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo al considerar que las acusaciones populares "carecen de legitimación procesal" para sentarle en el banquillo.

Así se lo comunicaron por escrito al magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, einsistiendo además que los hechos por los que se investiga al juez de la Audiencia Nacional "no son constitutivos de delito".

El pasado viernes, la Sala de lo Penal del Supremo acordó paralizar la tramitación de esta causa -una de las tres que mantiene abiertas contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional-, con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por la defensa del juez contra los cinco magistrados. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, rechaza apartar a estos jueces al considerar que Garzón busca "politizar" el caso.

A la espera del juicio

El Supremo dio a conocer el pasado 15 de diciembre la composición de la Sala que celebrará el juicio, cuya fecha aún no ha sido señalada. En la misma resolución rechazaba que los jueces de la Audiencia Nacional, que respaldaron la decisión de Garzón de investigar los crímenes del franquismo, declararan en el jucio del magistrado, como pedía la defensa.

Estos son, además de los recusados, los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.

Mientras, Baltasar Garzón continúa a la espera y pide "que se le juzgue cuanto antes" porque asegura "no es agradable estar en situación de suspensión".

Además de ésta, las otras causas admitidas a trámite contra Garzón son los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y las escuchas de los imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión.