El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo que posibilitará la aprobación de la ley de la vivienda, porque hará que, como dice la Constitución, el acceso a ella sea "un derecho y no un problema". Foto: H.BILBAO/EUROPA PRESS
La ley amplía los criterios para declarar las zonas tensionadas, aquellas en las que los precios de la vivienda están disparados y establece dos condiciones. Que el precio del alquiler sumado a los gastos básicos supere el 30% de la renta del hogar, o bien que el coste de esa vivienda se haya incrementado 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.
En 24 horas de RNE ha estado la ministra de Transportes el día en el que el Gobierno de coalición ha anunciado un acuerdo con ERC y Bildu para sacar adelante una nueva ley de Vivienda en España. La ministra ha dicho que el nuevo índice que en la ley sustituirá al IPC en los contratos de alquiler tiene que tener como principal objetivo "evitar el aumento desproporcionado en la renta de los contratos".
El Gobierno ha desbloqueado finalmente la ley de vivienda. El nuevo texto, que se aprobará en las próximas semanas tras alcanzar el Ejecutivo un acuerdo con ERC y Bildu, establece un tope del 3% a las subidas del alquiler en 2024, amplía las consideradas como zonas tensionadas -donde se limitarán todos los alquileres- y reduce la cantidad de pisos que puede tener un propietario para considerarlo gran tenedor.
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El Gobierno ha cerrado este viernes un acuerdo con ERC y Bildu sobre la Ley de Vivienda que, entre otras medidas, elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler y fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024 (que se une al 2% en 2023 ya aprobado), amplía la declaración de las llamadas zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para considerar al gran tenedor.
Desglosamos con nuestra compañera de EconomíaBlanca Pascual, los puntos que incluye la recientemente aprobada Ley de Vivienda y entre los que destaca laregulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, donde los contratos de los pequeños propietarios se renovarán congelando la renta en virtud del alquiler anterior. Y, en el caso de los grandes, se aplicará el índice de contención de los precios. Desaparece el IPC como índice de referencia en la actualización de los precios del alquiler y se elaborará uno nuevo a partir de 2025. Además, se reducen a cinco los alquileres para ser considerado "gran propietario", que también podrán ser consideradas las personas físicas, y los costes inmobiliarios correrán sempre a cargo del propietaro, que tampoco podrásubir el alquiler sumando otros gastos como el de comunidad.
El alquiler sigue desbocado. Según el último informe publicado por Idealista, el precio de la vivienda en alquiler se incrementó el primer trimestre de 2023 un 7,9% interanual lo que ha hecho que el precio por metro cuadrado alcance un nuevo récord: 11,3 euros de media. En Madrid el precio por metro cuadrado del alquiler está a 14,8 euros y en Cataluña a 14,7. Pero se trata de unas subidas que no son exclusivas de la costa y de la capital, sino que se está calentando el mercado del resto del país. El periodista económico Javier Ruiz analiza todas las cifras en Hablando Claro.
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El grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) va a registrar este martes en el Congreso una proposición de ley que propone hacer gratuito el cambio de una hipoteca variable a otra a tipo fijo, para proteger a los hogares de la subida del euríbor. De acuerdo con el texto de UP, que plantea eliminar las comisiones para el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra a tipo fijo, las entidades al menos tendrían que igualar las condiciones que ofrezcan a sus nuevos clientes. Fuentes del Ministerio de Economia señalan que la medida que plantea Unidas Podemos ya está en vigor, en el código de buenas prácticas que, según aseguran, han firmado el 97% de los bancos. Sin embargo, fuentes de Unidas Podemos apuntan a que el código es voluntario para las entidades y esta medida que ellos plantean no lo sería, y que no sería de carácter temporal, sino "estructural".
Foto: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE/ Eduardo Oyana.
¿Es usted de los afectados por la aplicación de la cláusula de gastos hipotecarios? Aunque haya recibido una carta de su banco respondiendo a su reclamación con un "no tiene derecho a que le devolvamos nada", que sepa que aún hay esperanza. Conocemos los posibles casos en Por tres razones con Mariola Aguilar Garzón, abogada y mediadora, colaboradora de ADICAE y Presidenta del Grupo de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, y con Teresa, afectada que ha recibido casi 2.000 euros por estos gastos.
En España, hay unas 28.000 personas sin hogar, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística de 2022. La cifra ha aumentado un 24% desde 2012, cuando el INE lo contabilizó por última vez. Las organizaciones que trabajan en el sector, sin embargo, calculan que hay un 30% más, unas 37.000 personas. Profundizamos en esta problemática invisible con la ayuda de Maribel Ramos, subdirectora de la entidad sin ánimo de lucro Hogar Sí. Su metodología consiste en dar vivienda a todas las personas que la necesitan, sin condiciones previas, frente al sistema tradicional con el que tienen que ir superando distintos escalones. Conversamos también con Rita, que estuvo nueve años en la calle tras sufrir un desahucio y perder su empleo, en un contexto de violencia machista y sin una red familiar.
Un reportaje de Elena Gómez.
La organización Save The Children ha presentado el informe Aquí no hay quien viva donde analiza las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España. El 8,4% de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España, doble de la media en este aspecto dentro de la UE (4,3%).
En 24 horas de RNE ha estado el director general de Save The Children España, quien ha asegurado que las familias con hijos a cargo lo tienen ahora más difícil que hace un año. También, ha aportado datos sobre el porcentaje de viviendas de protección social en España (2,5%), algo muy alejado de la realidad de la media en la UE, cuyas viviendas de protección social rozan el 10%.
Finalmente, Andrés Conde ha pedido al Gobierno de coalición que acelere la aprobación de una ley de Vivienda: "En España siempre se han tomado medidas paliativas en contextos de crisis, pero nunca han respondido a una visión pública de cómo asegurar un derecho básico". "En el corazón del problema de la pobreza infantil está una situación de vivienda anómala e inasumible", ha asegurado.
La vivienda protegida sigue siendo objeto de ilegalidades en nuestro país. Los dueños encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio que fijan las comunidades autónomas y conseguir un dinero extra. Los expertos recuerdan que este fraude conlleva sanciones de hasta 60.000 euros.
