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Cerca de 20 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han defendido su inocencia ante el Supremo. Entre ellos dos expresidentes. José Antonio Griñán está condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación y Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Misma condena que tienen los exconsejeros Gáspar Zarrías y Magdalena Álvarez. La Audiencia Provincial de Sevilla los condenó por crear un sistema de ayudas a empresas en crisis por valor de 690 millones de euros que repartieron sin controles para conseguir la paz social en Andalucía y mantenerse en el poder. En sus recursos, los abogados definen la sentencia como un disparate o plagada de errores.

FOTO: EFE/ Mariscal / POOL

Juicio al diputado de Más País, Íñigo Errejón, por un presunto delito leve de maltrato, a raíz de la denuncia presentada por un hombre que dijo haber recibido una patada del dirigente. Es la segunda vez que está citado por este asunto. Errejón ha negado ante el juez que realizara la agresión.

TVE ha tenido acceso al vídeo de la declaración judicial del principal sospechoso en el caso de Esther López, y supuestamente la última persona que vio a la mujer con vida. Durante casi una hora ha negado cualquier implicación en su muerte. En su declaración, Óscar mantiene que dejó a Esther en un cruce y que se fue dormir a su casa. Las pruebas recabadas por la Guardia Civil contradicen esta versión y la jueza pide explicaciones. Tampoco aclara porque su teléfono y el de Esther registran los mismos desplazamientos, de Traspinedo a Valladolid, a la mañana siguiente de su desaparición.

FOTO: EFE/NACHO GALLEGO

Tras la aprobación en el Parlament de llevar a los tribunales el supuesto espionaje del caso 'Pegasus', Dolors Canals, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, ha afirmado en Las mañanas de RNE que el proceso judicial no será sencillo, porque "podrían abrirse varias vías", pero, en cualquier caso, será necesario aportar "algún tipo de prueba más que, con todos los repetos, un mero informe de una universidad canadiense". Canal también ha explicado que "para que el CNI pueda afectar un derecho fundamental", como es la intervención de comunicaciones, la autorización debe estar motivada, y ha lanzado un mensaje tranquilizador a los ciudadanos: "Tenemos más riesgo de espionaje por cualquier aplicación en nuestro teléfono que por el CNI".