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La Audiencia de Sevilla comunicará este martes la sentencia sobre la llamada 'pieza política' del caso de los ERE, que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por presuntamente haber creado y mantenido durante una década un procedimiento supuestamente ilegal para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que habría permitido -según sostiene la Fiscalía Anticorrupción- el reparto "arbitrario" de hasta 680 millones de euros.

La Fiscalía sostiene que este sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco",  que eliminó "todos los mecanismos de control establecidos", era una situación "conocida y buscada" por los 21 acusados, que no hicieron nada para acabar con él a pesar de los informes de la Intervención General de Andalucía que advertían de las irregularidades. A pesar de sus informes, el interventor también está acusado porque el Ministerio Público cree que debió tomar medidas no solo advertir.

Durante el juicio, Chaves se defendió asegurando que sabía que se daban ayudas sociolaborales pero que no correspondía a su "ámbito político de decisión" cómo se adjudicaban. Griñán aseguró que desconocía el programa de ayudas y que "jamás" fue alertado de las irregularidades porque en ningún informe de la intervención se requería que él actuara como consejero de Hacienda.

Gnawi, tiene 31 años y su último vídeo ha reventado las redes. 16 millones de visitas en Youtube en lo que llevamos de mes, el mismo tiempo que lleva detenido. Con su rap "Viva el pueblo", el cantante denuncia la injusticia, las desigualdades sociales y el descontento de los jóvenes. Y, sobre todo, ha traspasado una de las llamadas líneas rojas al criticar al Rey. Gnawi fue detenido al día siguiente de haber colgado el Rap por otro vídeo publicado semanas antes. Oficialmente se le acusa de insultar a la policía y ultrajar a las instituciones, por estas imágenes, y podría ser condenado a un año de cárcel.

  • La investigación sobre el 'caso de los ERE' comenzó en enero de 2011 a raíz del 'caso Mercasevilla'
  • El primer juicio por la 'pieza política' se celebró siete años después con Chaves y Griñán en el banquillo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares. El magistrado ha dictado un auto de procesamiento contra el exdirigente del PP de Madrid por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación a esta compra por parte del Canal.

La actualidad de este día viene marcada por el juicio contra el presidente catalán, Quim Torra, por un delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar las pancartas y los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

El partido entre el Villareal y el Atlético no podrá jugarse finalmente en Miami, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decidiera este viernes desestimar la petición de medidas cautelares que presentó LaLiga que para que pudiera celebrarse pese a la negativa de la Federación Española de Fútbol, de quien depende, en última instancia, la autorización para sacar un encuentro del campeonato liguero fuera de las fronteras de España.

El jurado popular del juicio por la muerte de una paliza de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España en Zaragoza ha declaradoculpable de homicidio imprudente al acusado, el antisistema Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos aunque considera que no vio la prenda que llevaba la víctima.

El veredicto, que no ha sido unánime, determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero no ve probado que actuara con ánimo de matar a Víctor Laínez, de 54 años, por lo que descarta el delito de asesinato.