Tribunales

• También avisa al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia
• Torrent ha anunciado que desoirá al TC y no permitirá la censura en el Parlament

Los etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', y Asier Arzalluz Goñi, alias 'Santi', han negado este lunes haber estado en Vizcaya cuando miembros de ETA asesinaron a tiros al magistrado José María Lidón en 2001 en la localidad vizcaína de Getxo.

Los dos etarras, que están siendo juzgados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, únicamente han querido puntualizar este extremo a preguntas de su defensa tras rechazar responder a las de la Fiscalía.

El ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos 30 años de cárcel al considerarlos autores materiales de por un delito de atentado terrorista, así como una indemnización de 500.000 euros a la familia del magistrado.

• La Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto el juicio con jurado contra Lanza como presunto autor del asesinato de odio
• Laínez falleció en un hospital cuatro días después ser agredido presuntamente por llevar unos tirantes con la bandera de España

En marcha en la Audiencia Nacional el juicio por el asesinato a manos de ETA del juez José María Lidón en 2001, en la localidad vizcaína de Getxo. En el banquillo, los etarras Txeroki y Asier Arzalluz, que han negado estar en Vizcaya el día en el que los terroristas mataron al magistrado.

• La Fiscalía pide para cada uno de los dos etaarras 30 años de cárcel por el atentado
• La familia de Lidón identificó a Txeroki en una rueda de reconocimiento

En la Audiencia de Zaragoza comienza en unas horas el juicio por la muerte de Víctor Laínez, agredido hace casi ahora dos años por Rodrigo Lanza, en prisión provisional desde entonces. El crimen de los tirantes.

La condena por abusos sexuales y no por agresión a los autores de una violación a una menor en Manresa ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar del Código Penal. Las asociaciones de mujeres ponen el acento en la interpretación que los jueces hacen de la legislación actual.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a cinco de los seis procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona), a quienes la Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que intimidaron a la víctima. En su sentencia, la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona absuelve a uno de los seis acusados de la violación, ocurrida en octubre de 2016 en un botellón en una nave abandonada de Manresa, y descarta la tesis de la Fiscalía de que los procesados se valieron de su superioridad numérica y el estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente.

Ya conocemos la condena por abuso sexual a cinco de los seis jóvenes que violaron a una niña de 14 años en una fábrica abandonada de Manresa. Se les impone una pena de entre 10 y 12 años. Los hechos ocurrieron en 2016 cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada para realizar un botellón y un grupo abusó de una menor que había tomado alcohol y consumido tóxicos y se encontraba en estado de inconsciencia.

• La Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que intimidaron a la víctima
• La Audiencia de Barcelona considera que la menor se encontraba "en estado de inconsciencia"

• La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta acuerda su archivo por aplicación de la doctrina Botín
• El auto señala que solo piden la apertura de juicio oral las acusaciones populares y que no hay acusación del fiscal

• Elisenda Paluzie aseguró el pasado lunes que los altercados y disturbios "hacen visible el conflicto" catalán
• El vicepresidente de SCC quiere que "se frenen en seco este tipo de alientos a la violencia incendiaria"

Años después de la crisis financiera, siguen abiertos varios juicios sobre el papel que jugaron las entidades bancarias en aquel momento. Este miércoles va a tomar protagonismo la quiebra del Banco Popular y su expresidente Ángel Ron que declara como imputado por la gestión al frente de la entidad, cuando se solicitó la ampliación de capital.

• Una querella del PP reclama que se investigue por malversación las subvenciones a empresas del hermano de Puig
• Francisco Puig y Rubén Trenzano deberán comparecer ante el juez el próximo 10 de diciembre a las 9:30 horas

El Juez aplaza hasta el 16 de diciembre la decision sobre la extradicion de Carles Puigdemont a España. Lo acaba de anunciar el propio Puigdemont a la salida de la vista que estaba previsto se celebrase esta mañana en Bruselas. Se abre un proceso que todo apunta se va a alargar.

Carles Puigdemont se enfrenta este martes a uno de los instrumentos diseñados por la Unión Europea para hacer más fácil la cooperación judicial entre los distintos países: las euroórdenes. No es una novedad porque es la tercera que dictan contra él y de momento, ha salido indemne. En esta ocasión la Fiscalía belga va a asumir el argumento de la orden de detención de Pablo Llarena y pedirá la extradición por los delitos de sedición y malversación, los mismos delitos por los que han sido condenados los líderes independentistas.

• El expresidente catalán está citado este martes a las 9:00 horas para responder a puerta cerrada ante un tribunal
• Sus abogados pedirán un aplazamiento de esta primera vista y esperan que se posponga hasta diciembre

• El juez aprecia riesgo de fuga por su capacidad económica y un "alto riesgo" de destrucción de pruebas
• Afirma que el excomisario montó una "estructura paraestatal" que "comprometió gravemente el servicio público"

Cientos de personas se han acercado este lunes a la Ciutat de la Justícia de Barcelona para autoinculparse de los delitos cometidos por los políticos catalanes condenados en el juicio del 'procés' en el marco de la campaña organizada por Òmnium Cultural, En Peu de Pau, Taca d'Oli y Silenci rebel.leu-vos para mostrar su solidaridad con los líderes independentistas.

• El juicio tendría que haber empezado este lunes con la conformación del jurado
• El único acusado es 'El Chicle' que se enfrentaba a una pena de prisión permamente revisable