El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto llevar a juicio a 24 acusados, entre los que se encuentra el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, por delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda en la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Manos Limpias seguirá como acusación popular en el juicio del caso Nóos. El tribunal de la Audiencia de Palma, rechaza la petición de las defensas de Diego Torres e Iñaki Urdangarín. Por otra parte, en el juicio, ha declarado como testigo José Manuel Romero, conde de Fontao y exasesor de la Casa Real.
El juez que instruye el caso Imelsa ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la exalcaldesa de Valencia, la popular, Rita Barberá por blanqueo de capitales. El magistrado acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, envía al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa y subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal investigada en el caso.
En la sesión de este miércoles del juicio por el caso Nóos, ha declarado como testigo el que fuera secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Según ha dicho, no comunicó a la Casa Real la creación del Instituto Nóos ni habló de este tema con el abogado del rey Juan Carlos. Y aunque admite que fue tesorero de la fundación de Urdangarín, asegura que nunca intervino. También ha asegurado que desconocía la labor de la infanta Cristina en Aizoon, la sociedad que compartía a medias con su esposo, aunque cree que "no hacía nada".
La juez del caso Nóos anunciará mañana si expulsa o no a Manos Limpias como acusación popular, como ha pedido la defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres. Una decisión que podría dar un vuelco al juicio ya que el sindicato es el único que mantiene la acusación contra la infanta Cristina.
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El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ejercía el control total de la presunta organización criminal dedicada a la extorsión, según el juez Santiago Pedraz que investiga a 14 personas. El auto del juez señala que Pineda creó un entramado empresarial para distraer fondos de Ausbanc, que supuestamente no tenía ánimo de lucro, a sociedades controladas por otros dirigentes de la asociación, por él mismo y por familiares. En cinco años se desviaron más de siete millones de euros de Ausbanc a esas sociedades, entre los métodos comprar servicios que casi nunca se realizaban.
