- La Fiscalía considera que no hay delito que imputarle
- Es contraria a admitir a trámite la segunda querella contra González
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- El magistrado presidió el Tribunal Constitucional de 2001 a 2004
- Jiménez de Parga fue ministro de Trabajo en el primer Gobierno de UCD
- Llegó al poder en 2011 en la estela de su hermano, Thaksin
- Tendrá que abandonar el cargo por orden del Tribunal Supremo
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- Señala que la financiación de la Sanidad es "competencia básica del Estado"
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- Considera que la nueva resolución cumple con la concreción de los hechos
- Los otros cinco arrestados pasarán este miércoles a disposición judicial
- Una décima persona ha sido detenida por las presuntas irregularidades
- Los investigadores analizan la documentación incautada en los registros
- Este martes comenzaban a declarar los nueve policías imputados en la causa
- La defensa de Gao Ping acusa a la Fiscalía de "manipular la información"
- Fue adjudicado por 6.822 millones, lo que sube el sobrecoste a 2.144 millones
- La Sagrera, una de las obras bajo sospecha, está en construcción
- Se investiga una posible malversación de seis millones de euros
- La Guardia Civil ha registrado las sedes de Adif en Madrid y Barcelona
- Los detenidos podrían haber malversado seis millones de euros
- Adif suspende provisionalmente de sus funciones a los detenidos
Este lunes ha comenzado en la Audiencia de Palma un macrojuicio contra el tráfico de drogas en el poblado de Son Banya, en Palma. En el banquillo, 27 miembros de distintos clanes. La Fiscalía pide para ellos un total de 138 años de prisión.
Los 27 acusados mantienen vínculos familiares o de amistad con los patriarcas de clanes como el de la Paca, la Sole, los Vizcos o los Valencianos, relacionados con el narcotráfico en la barriada de son Banya. La Fiscalía les acusa de seguir vendiendo droga en esta zona deprimida de Palma de Mallorca, a pesar de que los principales cabecillas se encuentra en prisión.
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- No acuerda la abstención del presidente del Tribunal, también solicitada
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La operación de la Guardia Civil se desarrolla conjuntamente en la capital catalana y en la central de Madrid contra varios responsables de Adif y una constructora por, presuntamente, cobrar un sobreprecio en las obras del AVE a Barcelona, adjudicadas en 2008. Se sospecha que el organismo ferroviario elevó el precio de algunas concesiones y se investiga hasta que punto los responsables de las obras se lucraron con ello.
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