En Cataluña el ex-secretario de organización del PSC, José Zaragoza, habría ordenado, o al menos autorizado, espiar al actual alcalde de Badalona, el popular Xavier García-Albiol. Al menos así lo indican algunos correos electrónicos entre el socialista y la jefa de seguridad de Método 3.
El exgerente del Partido Popular, que sucedió a Luis Bárcenas en el cargo, que admitió haber recibido pagos en negro el pasado mes de agosto, explicó entonces que había recibido de Luis Bárcenas dos pagos de 6.000 euros al margen de su nómina procedentes, dice, de donaciones que no se declaraban a Hacienda. También ha trascendido la transcripción de las declaraciones del exsecretario general del PP Alvarez Cascos quien negó ante el juez el cobro de pagos en efectivo e insistió en que no había recibido ningun dinero del partido más alla de su nómina.
La Fiscalía Anticorrupción cree que el juez Castro tiene que dejar la investigación del caso Nóos y pasársela al Tribunal Superior de Valencia porque hay indicios que incriminan a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y al expresidente valenciano Francisco Camps. Según el informe de Anticorrupción, los dos utilizaron su cargo para eludir dolosamente -dice el escrito- la ley y beneficiar fraudulentamente al Instituto Nóos. El fiscal afirma que hay una evidente conexión entre los hechos supuestamente delictivos cometidos por la Comunidad Valenciana y la Balear que obliga a que la causa no sea separada en dos juicios distintos. Y explica que como los aforados del caso son valencianos, es el Tribunal Superior de Valencia quien debe quedarse con toda la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción pide que se impute en el caso Nóos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente, Francisco Camps por los contratos al instituto que presidía Iñaki Urdangarin. Para ello, la fiscalía ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que deberá decidir si asume o no la investigación al ser los dos aforados. Anticorrupción atribuye a Camps y Barberá presuntos delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial. La alcaldesa de Valencia ha dicho esta mañana que está tranquila.
Un informe de Hacienda remitido al juez del caso Nóos señala que el Rey hizo dos transferencias bancarias por valor de 600.000 euros cada una, desde su cuenta personal a la de la infanta Cristina. Según ha explicado un portavoz de la Casa del Rey, corresponden a un préstamo que don Juan Carlos hizo a su hija para adquirir la casa de Pedralbes, en Barcelona.
Izquierda Unida, personada en el caso Bárcenas, estudia ampliar la querella contra el PP por destrucción de pruebas, tras conocerse que borró la información de los ordenadores del extesorero. Quiere también que se cite como testigo a Mariano Rajoy. Cayo Lara apuntaba hoy a la responsabilidad de la secretaria general del PP.
En la Audiencia Nacional han abierto los dos ordenadores utilizados por Luis Bárcenas que el Partido Popular entregó la semana pasada. El PP explica que destruyó los discos duros de esos portátiles como se hace, dicen, cada vez que cambia el usuario. El juez Ruz quiere cotejarlos con el pen drive de Bárcenas, que contiene información sobre la presunta contabilidad B del PP.
El exboxeador José Santana ha ingresado en prisión provisional sin fianza en Gran Canaria por presuntos abusos a menores. La decisión de la jueza se debe a una decena de nuevas denuncias y no solo a los supuestos abusos cometidos hace 15 años.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se ha referido este miércoles a la crisis con Gibraltar asegurando que o se cumple la ley o habrá que acudir a los Tribunales. Fernández de Mesa ha hecho estas declaraciones en una visita a la Guardia Civil de Algeciras, donde ha asegurado que de momento no se han localizado nuevos bloques lanzados al mar por Gibraltar en aguas españolas y que su retirada está condicionada a lo que decida el Gobierno.
