Tribunal Supremo

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha valorado este miércoles el informe del Tribunal Supremo, que se ha opuesto por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes, "dentro de la lógica de la independencia de los poderes", si bien ha recordado que la última palabra sobre este asunto la tiene el Gobierno.

"Cada poder toma sus decisiones y sus acuerdos con absoluta independencia (...) pero al final es un órgano el que tiene potestad para resolver y acordar finalmente", ha dicho el ministro en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE, en referencia al Ejecutivo. "Por lo tanto, los informes deben acompañar al Consejo de Ministros, deben contribuir, pero obviamente es una decisión del Consejo de Ministros", ha puntualizado.

Según ha destacado Ábalos, el enfoque del Gobierno sobre esta decisión será "de carácter político porque precisa una solución política, que trasciende la situación jurídica y penal de estas personas, y afecta al conjunto de la comunidad". Asimismo, ha insistido en que se trata de "un proceso ajustado a derecho", por lo que "todo está dentro de la ley".

Foto: EFE/PSOE/EVA ERCOLANESE

Hay precedentes de concesión de indultos por parte del Gobierno habiendo uno o dos informes desfavorable del estamento judicial, como pasa en el caso de los condenados en el juicio del 'procés' en Cataluña. En 2020, en el primer semestre hubo un 20 % de los casos en los que la Fiscalía era contraria al indulto, mientras que en el segundo semestre eran mayoría los casos en los que la Fiscalía decía que no y la Sala era favorable. En 2020 no hubo ningún caso en el que el informe de ambas instancias fuera desfavorable. De 2016 a 2019, en cambio, sí ha habido algunos casos en los que el criterio de Fiscalía y la Sala que juzgó fue al mismo tiempo contrario al indulto que luego fue concedido por el Gobierno.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado este miércoles que “un indulto cuando no hay concordia puede ser difícil de aceptar”. Lesmes se ha pronunciado así al ser preguntado sobre la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a los indultos del 'procés', quien ha asegurado que la decisión se tomará en base a la "concordia" y no a la "venganza".

"El indulto, en el contexto que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado", pero "un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar", ha dicho Lesmes durante un foro judicial organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, preguntado sobre la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decidir sobre el indulto a los presos independentistas en base a la “concordia” y no a la “revancha”.

El Tribunal Supremo se muestra contrario a la concesión del indulto a los condenados del ‘procés’. En su informe no vinculante se opone a cualquier medida de gracia. Los magistrados dicen que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos. Lanza reproches al Gobierno y a las instituciones penitenciarias. Informa Teresa Coto

A la espera de que el Tribunal Supremo termine su informe sobre los indultos a los condenados del 'procés', el Gobierno y los partidos politicos recuerdan sus posiciones: el Ejecutivo insiste en que es una medida de gracia que contempla la ley y el PP anuncia que si se conceden, los recurrirán. El ministro de Justicia ha pedido además al nuevo presidente catalán que rebaje la tensión política.

• Pero rechaza el cierre perimetral en Canarias al considerar que la motivación es "insuficiente" y las excepciones, "inconsistentes"
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• Fue condenada a un año y siete meses de prisión y a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo
• El Ministerio Público pide desestimar las alegaciones de la defensa y, por tanto, ratificar la condena contra Serra

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• Ahora, Renault deberá pagar 18,2 millones de euros, Citroën 14,7 millones y Peugeot abonará 15,7 millones

El pasado viernes la Consejería de Sanidad decretaba medidas especiales para frenar la expansión del coronavirus en la localidad conquense de Quintanar del Rey. Con 7.500 habitantes, el municipio acumula en las dos últimas semanas una incidencia de 681 casos por cada 100.000 habitantes.

• El Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha rechaza las medidas decretadas por la Consejería de Sanidad
• El municipio tiene una incidencia de coronavirus de 687 casos por cada 100.000 habitantes

• El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria justifica las discrepancias de los jueces
• José Luis López del Moral atribuye a “una excesiva polarización política” la falta de acuerdo para renovar el CGPJ

El panorama legislativo no es claro en la aplicación de limitaciones de derechos fundamentales. Lo ha asegurado en el programa Encuentros de RNE el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, que justifica así las diferencias de criterio de distintos tribunales en diferentes comunidades autónomas. López del Moral confirma que no ha habido ningún contacto con el Gobierno de Cantabria para valorar posibles medidas a adoptar por el Ejecutivo. En otro órden, atribuye a una excesiva polarización política la falta de acuerdo para renovar los órganos de gobierno de los jueces.

La legislación respecto a la limitación de la movilidad no es clara. José Luis López del Moral considera jurídicamente fundamentadas las discrepancias de diferentes tribunales. ¿Si tenemos una cobertura legal tan clara para, por ejemplo, limitar la movilidad, ¿para qué hemos estado con un estado de alarma?

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada ha vuelto a rechazar el cierre perimetral de la localidad granadina de Montefrío. Repite la misma decisión del primer cierre solicitado por la Junta que se resolvió este martes. En cambio, la misma Sala del TSJA con sede en Sevilla ha ratificado el cierre de la localida sevillana de La Campana. De nuevo diferencias de criterio entre diferentes salas del TSJA. La Junta ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo la primera decisión de no cerrar Montefrío por una alta incidencia de coronavirus.

• El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción, lo que tumba esta medida
• Madrid Central seguirá en vigor dos meses, pero el Ayuntamiento paraliza provisionalmente la imposición de multas

• El Consistorio indicó que seguirían tramitando las sanciones, pero ahora opta por que sea el TSJM quien decida
• Las cámaras seguirán encendidas y se continuará registrando a los infractores

Este miércoles se han vuelto a reunir los Comités Territoriales de Alertas de Salud Pública que han decidido el cierre de dos municipios en Andalucía por tener una alta incidencia acumulada de coronavirus. Son Montefrío, en Granada, con una incidencia de 2.108 y que vuelve a cerrar tras no ratificar su cierre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También La Campana, en Sevilla, con una tasa de 1.298. Las medidas entrán en vigor desde la pasada medianoche y tendrán una validez de siete días aunque eso sí, necesitan la ratificación judicial. El TSJA tendrá que resolver en un plazo de tres días.

El País Vasco, la comunidad con la incidencia más alta de contagios, no descarta ahora la posibilidad de pedir el estado de alarma para su comunidad. Canarias finalmente no recurrirá el toque de queda al Supremo después de que lo hayan rechazado sus tribunales. Y en Navarra han vivido su primera noche sin restricciones de horario. En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia acaba de respaldar el toque de queda y los cierres perimetrales en zonas con alta incidencia. El presidente Alberto Nuñez Feijóo ha puesto fecha al fin de las mascarillas en la calle.

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Foto: Un bar de la Plaza del Castillo, en el casco Viejo de Pamplona, pasadas las 23 horas. EFE/ Jesús Diges

La investigación que ha iniciado la Agencia Tributaria es la segunda, tras el proceso penal que mantiene abierto la fiscalía del Tribunal Supremo. Éste es el que tiene prioridad. Este análisis de la Agencia Tributaria podría ser largo, durar más de dos años, y en ellos se podrá pedir todo tipo de documentación: facturas, movimientos bancarios o de tarjetas de crédito. Eso sí, hay que tener en cuenta que Juan Carlos de Borbón no está viviendo en España y, si no vuelve en un plazo breve de tiempo, dejará de ser residente fiscal en nuestro país. En ese caso, la investigación podría decaer.  Informa Usúa Irastorza

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• El Ayuntamiento madrileño dispone de ese tiempo para ejecutar la sentencia dictada por el Supremo
• El TS ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción, y ha anulado la zona de bajas emisiones