Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha visitado Las Mañanas de RNE para hablar acera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fenoll considera que esta resolución solamente confirma la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y resalta que, a su parecer, “no supone ningún cambio, aunque tiene matices que le pueden servir a la justicia belga para seguir rechazando la euro orden”. Señala que deberíamos ser “prudentes” a la hora de interpretar la resolución, y apunta que se están realizando comentarios “triunfalistas” por ambas partes, que al fin y al cabo no dejan de ser argumentaciones. Señala también que uno de los errores han sido las múltiples “idas y venidas” sucedidas con este caso, y cree que el Tribunal Supremo debe ahora dialogar con la justicia belga “de una forma más ágil y directa”, así como aclarar que no existe “una persecución contra este grupo de personas”.
El juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha aplicado este jueves la derogación del delito de sedición en el Código Penal, cuya reforma ha entrado hoy mismo en vigor, al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. Esta decisión deja sin efecto la euro órden de detención por sedición contra el 'expresident', pero no por los otros dos delitos de los que está acusado.
El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera “lógico” que las defensas de los condenados del ‘procés’ puedan solicitar una revisión de las penas a partir de la entrada en vigor el próximo viernes del nuevo Código Penal, que rebaja la sedición y modifica la malversación. Y cree que “lo que procede” es que el Tribunal Supremo, que les condenó, revise la pena de inhabilitación, “porque la de prisión ya fue conmutada” con los indultos: “Es el funcionamiento normal tras una reforma legislativa”. No se sorprende, por tanto, de que los líderes puedan pedir incluso la absolución: "Lo raro sería lo contrario".
Este domingo se cumplen cuatro años del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces está en funciones, sin renovar a sus magistrados. Las últimas negociaciones entre el PSOE y el PP se rompieron en octubre. Hoy, siguen irreconciliables.
FOTO: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, interviene durante el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el Senado. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Pendientes a esta hora de la decisión del Tribunal Supremo sobre la limpieza de los suelos con plutonio y americio en Palomares, en Almería. Tiene que determinar si el Consejo de Seguridad Nuclear es competente para ejecutar el Plan de Rehabilitación de esas 40 hectáreas contaminadas y si debe obligarlo a que fije fecha para acometer esa limpieza.
Va a ser la resolución, por parte del Supremo, del recurso que presentó Ecologistas en Acción contra el fallo de la Audiencia Nacional, que concluyó que no era función del ese Consejo restaurar la zona. Hablamos de más de medio siglo para eliminar la radioactividad en unos terrenos afectados, recordemos, desde 1966.
