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La abogada que defiende a Jordi Cuixart, Marina Roig, ha defendido en la exposición de su informe final que las protestas independentistas en Cataluña en otoño de 2017 se encardina en el "ejercicio legítimo del derecho de reunión" y ha añadido que los "puntuales incidentes" que ocurrieron en algunas de ellas -como la que se produjo frente a Economía el 20S- "no pueden integrar ni de lejos el elemento de la violencia idónea para hacer doblegar al Estado que requiere el delito de rebelión y no son un intento de impedir las resoluciones judiciales" por lo que tampoco son sedición.

A falta de una jornada para terminar, en el juicio del procés este martes hemos escuchado los informes finales de parte de las defensas que continuarán mañana, niegan que hubiera rebelión, sedición y violencia. El abogado de Rull, Turull y Sànchez ha negado el delito de rebelión, su principal argumento, que no hubo un alzamiento en otoño de 2017, solo protestas que protagonizaron libremente los ciudadanos en las que -dice- no se ha demostrado que hubiera violencia. También ha rechazado la malversación, como el abogado de Mundó, que dice nunca se aplicó el acuerdo por el que asumían de forma solidaria los gastos del referéndum. Las defensas que han presentado hoy sus conclusiones coinciden en que pudo haber desobediencia, pero no rebelión. El abogado de Junqueras y Romeva ha sostenido que el juicio es una causa general contra el independentismo. En esa línea, el abogado de Forn ha subrayado que el Govern acató plenamente el 155, tras una declaración de independencia -asegura- que nunca fue formal.

El juez Manuel Marchena se ha convertido también en uno de los grandes protagonistas del Juicio del Procés. Sabedor del alto impavto mediático del juicio, Marchena ha atajado cualquier intento de utilización del proceso por intereses particulares por parte de defensas y acusaciones.  Informa Daniel Bermejo

El abogado Jordi Pina, que lleva la defensa del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha negado en la presentación de su informe final en el juicio del 'procés' que en Cataluña se diera la violencia suficiente para hablar de rebelión. "¿La violencia para alcanzar la separación de un territorio del resto del país son escupitajos, lanzamiento de una valla, tres piedras y algún discapacitado que lanza alguna patadas contra personas que están en el suelo?", se ha preguntado retóricamente.

El abogado que defiende al exconseller de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, ha asumido que su cliente pudo desobedecer al Tribunal Constitucional si se entiende que desobedecer es cumplir con su programa electoral, pero ha negado la rebelión en su última intervención en el juicio del 'procés'. "La trinquera de la desobediencia la cedo con gusto", ha señalado Melero.

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynden, ha negado que hubiera rebelión en su informe final en el juicio del 'procés'. "La gente no salió a la calle a derrotar al Estado. La gente salió un día a protestar [el 20S frente a Economía] y otro a votar, a defender derechos. Eso no es un alzamiento (...)Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión".

El abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha insistido en la exposición de su informe final en que el juicio del 'procés' es una "causa general" contra el independentismo. "Lo que se persigue es una ideología, por eso se persigue expresarla internacionalmente, aprobar resoluciones políticas en la que se contiene esa ideología y demostrarla en votaciones", ha resumido el letrado.

La Fiscalía ha mantenido su acusación de rebelión para los líderes independentistas y ha calificado de "golpe de Estado" lo sucedido en Cataluña con la celebración del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia en el otoño de 2017. La Abogacía del Estado, por su parte, mantiene su acusación de sedición al considerar que la violencia no era un "elemento estructural" del plan independentista. Vox, que ejerce la acusación popular, considera que los acusados "pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista contra un Estado de Derecho".