La reunión de los representantes del sector conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para avanzar en la renovación del Tribunal Constitucional ha concluido sin acordar los nombres de los dos candidatos que les corresponde designar, aunque los vocales se han emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles a las 09.30, a la que el sector progresista llevará ya una lista de nueve candidatos. Los conservadores, en cambio, piden más tiempo y ambas partes han llegado a un primer acuerdo sobre el procedimiento a seguir.
El Consejo General del Poder Judicial celebra un pleno extraordinario para estudiar si nombra a los magistrados que les corresponden del Tribunal Constitucional. El plazo para esta elección termina el 13 de septiembre. En Las Mañanas de RNE, Mª Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional, ha confesado que cree que el Gobierno ha cumplido al cambiar la ley para agilizar la renovación: “Con esta ley han liberado el aspecto del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y en ese sentido el Gobierno ha cumplido su parte y yo creo que el consejo está valorando eso.” Balaguer apuesta por una reforma constitucional y asegura que un sistema en el que los jueces elijan a los jueces tampoco es la panacea y por eso apuesta porque sea de una manera parcial, “un grado de autonomía pueda ser importante pero definir todo esto exige un consenso político que ahora no veo en el horizonte”, considera. Además, Balaguer lamenta la falta de diálogo y de negociación, tanto en política como en la judicatura. Lo que dificulta cualquier cambio del sistema de elección de los miembros del Consejo. Sobre si le apetecería ser la próxima presidenta del Tribunal Constitucional, Mª Luisa Balaguer, ha confesado que le encantaría.
El bloqueo que vive el Poder Judicial no tiene precedentes. Ya son casi cuatro años con el CGPJ en funciones y con una plantilla mermada en el Tribunal Supremo (14 vacantes). En este contexto, Carlos Lesmes, presidente el órgano de gobierno de los jueces y del Alto Tribunal, va a pronunciar el tradicional discurso de la apertura del año judicial. Una situación que debería llevar a Lesmes a dimitir, ha dicho Ascensión Martín Sánchez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y que desprestigia enormemente la imagen de la carrera judicial en nuestro país, ha reconocido María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que el Gobierno espera que el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) cumpla con la ley y la Constitución y, por tanto, no impida la renovación del Tribunal Constitucional que se tiene que realizar en el pleno del próximo jueves.
"Del Poder Judicial solo puedo esperar el cumplimiento de la ley y la Constitución", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 al ser pregunta por la amenaza de un grupo de vocales conservadores del CGPJ.
FOTO: Pilar Alegría, en una rueda de prensa en la sede del PSOE. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al PP que retire el recurso contra la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional. "¿Qué pretende el PP? ¿Que suceda lo mismo que en Estados Unidos y las mujeres retrocedan en derechos?", se ha preguntado Bolaños en una rueda de prensa al ser preguntado por las discrepancias entrelos 'populares' acerca del aborto.
Para Bolaños, Feijóo se sitúa en la parte "más conservadora" de un partido que es "conservador".
FOTO: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa este viernes. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El nuevo plan de ahorro energético del Gobierno sigue generando críticas por parte de varias comunidades autónomas, por lo que nos preguntamos qué herramientas tiene el Ejecutivo para que estas medidas se cumplan. Se trata de una ley transversal, en la que el Gobierno define un marco general y cada comunidad lo aplica, por lo que puede surgir un conflicto de competencias. Las comunidades autónomas pueden recurrir la norma al Constitucional y el Gobierno, si ve incumplimiento, puede enviar un requerimiento y recurrirlo. Esto significa queel Ejecutivo no tendría capacidad para multar directamente a las comunidades. Además, algunos juristas aseguran que se hace referencia a la Ley de Industria de 1992, que podría haber quedado obsoleta por la transferencia de algunas competencias a las autonomías.
Informa Gema Alfaro
