Sindicatos

Reducir la jornada laboral ha sido una de las reivindicaciones de los sindicatos, que han salido a la calle este domingo en 50 ciudades bajo el lema "con los derechos no se juega". Unas protestas convocadas tras el primer rechazo por PP y Junts en el Congreso del decreto 'ómnibus', y que han mantenido pese al acuerdo del Gobierno con Junts.

Foto: EFE / Fernando Villar

• Han salido a la calle en 46 ciudades de todas las comunidades autónomas: "Con los derechos de la gente no se juega"
• Aseguran que el 'no' de PP y Junts al decreto 'ómnibus' buscaba "castigar" al Gobierno

• También critica que la subida del SMI se haga "con el dinero de empresas" y cree que afectará "a los más pequeños"
• Si se aprueba la subida del SMI, este habrá subido un 60% desde el año 2018

• La patronal, que planteó un incremento del 3%, no se suma al acuerdo
• UGT y CC.OO. pedían un alza hasta los 1.200 euros

• El presidente de la CEOE sugiere que "lo lógico sería ir por materias" y desglosar el paquete de medidas
• Sobre la subida del SMI, critica que Trabajo pretende superar "el diálogo entre empresarios y trabajadores"

• El registro será público, gratuito y estará gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI)
• El Ejecutivo también ha aprobado un sistema de integridad que incluye un código de buena administración

• Afecta a más de medio millón de trabajadores en todo el país, desde docentes universitarios hasta empleados de Correos
• El sindicato exige que se firme de forma inmediata un acuerdo para garantizar su cobertura sanitaria

• Trabajo y Economía han acordado este lunes aprobar la reducción en el Consejo de Ministros de la próxima semana
• La vicepresidenta segunda asegura que las medidas del decreto 'ómnibus' "volverán a ser aprobadas"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a expresar en las calles el domingo 2 de febrero el "hartazgo" por la "antipolítica que secuestra derechos de los ciudadanos para mejor gloria de los dirigentes políticos".

Así se ha expresado en una entrevista este viernes en La hora de la 1, en referencia a la movilización convocada junto a CC.OO. para pedir un nuevo paquete de medidas sociales que reactive la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y la paralización de los desahucios a familias vulnerables, entre otras incluidas en el decreto que decayó el miércoles con los votos en contra de PP, Junts y Vox en el Congreso de los Diputados.

Álvarez ha acusado a los grupos parlamentarios de "frivolidad" por rechazar un decreto que, ha dicho, "afecta a muchísima gente": "Deberían pensárselo dos veces. Si el Gobierno hubiera hecho los deberes, el resultado hubiera sido otro, pero finalmente la responsabilidad es de aquellos que aprietan el botón a la hora de votar", ha protestado.

Asimismo, el líder de UGT confía en que el Consejo de Ministros publique el martes un decreto de salario mínimo interprofesional (SMI) —cuya prórroga decayó esta semana dentro del decreto ómnibus— y ha presionado para que lo haga con una subida hasta los 1.200 euros, como han propuesto en la mesa del diálogo social. “España tiene un SMI que incumple la carta social europea”, ha denunciado, y ha indicado más tarde que según ese criterio debería estar en torno a los 1.300 euros (es decir, el 60% del salario medio del país).

Finalmente, ha criticado que el Gobierno acostumbre a "apurar" los plazos en la negociación del SMI.

Foto: EUROPA PRESS - ALBERTO PRIETO

Tanto CC.OO. como UGT han convocado movilizaciones el domingo 2 de febrero en toda España para pedir un nuevo paquete de medidas que reactiven las incluidas en el decaído decreto 'ómnibus' tras el 'no' de Junts, Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso de los Diputados. También quieren denunciar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social.

Ambos sindicatos han acusado a PP, Junts y Vox de "una agresión sin precedente" a la mayoría social al votar 'no' a la norma.

"Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verán revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos", se han lamentado ambos sindicatos.

Pepe Álvarez, secretario de UGT, ha declarado que "el Congreso de los Diputados no puede, por razones políticas, utilizar de rehenes a los jubilados y a los pensionistas de nuestro país".

• También pretenden denunciar la anulación de las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social
• Los sindicatos han pedido a la ciudadanía participar masivamente en estas movilizaciones

• Califican el Estatuto que prepara el Ministerio como un "atropello"
• Tras la primera reunión mantenida con los sindicatos, Sanidad celebraba el resultado

• La propuesta de la patronal lo elevaría 34 euros al mes, frente a los 50 euros mensuales que plantea Trabajo
• Los sindicatos proponen un incremento de entre el 5% y el 6%, para situarlo, más o menos, en 1.200 euros

• El Ministerio prevé reunirse con las comunidades los próximos días 6 y 7 de febrero para explicarles los detalles del borrador
• Sanidad confía en pactar un texto común con sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios

• El sindicato ha mostrado su preocupación por la falta de avances en la negociación entre el Gobierno y las aseguradoras
• También ha tramitado quejas ante el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea por la deficiencia en la atención a los mutualistas

• UGT y CC.OO. han instado al Gobierno "a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio"
• Recuerdan que hasta el 27 de enero no se sabrá qué ocurre con la licitación del contrato

Entrevista La hora de la 1

• Mantiene el pulso con Trabajo y critica las formas de Yolanda Díaz en la negociación, que califica de "monólogo social"
• Rechaza valorar si el actual salario mínimo interprofesional es "digno": "Es el que mucha gente puede pagar"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado este lunes las formas de negociación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha pedido abordar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales de forma conjunta.

"El Gobierno no puede separar por tramos, por fascículos, los temas que afectan a los costes de las empresas (…) Nosotros queremos hablar de todo. Si no estuviera encima de la mesa el tema de las horas, posiblemente estaríamos hablando del salario mínimo. Lo que decimos es que hay que hablar de todo, en conjunto", ha declarado en La hora de la 1.

A lo largo de la entrevista, el representante de la patronal española ha insistido en mantener dichos debates dentro de la negociación colectiva por sectores, entre sindicatos y empresas, y ha rehusado valorar si el actual salario mínimo de 1.134 euros al mes en 14 pagas es "digno". "No te voy a responder a la pregunta, porque no viene a cuento. Es el salario que mucha gente puede pagar", ha afirmado, y ha puesto el ejemplo de un pequeño establecimiento en un pueblo.

Foto: EP

• La OIT calcula que la desigualdad salarial en España cae un 0,6% cada año desde el inicio del siglo
• Las mujeres son mayoría entre los peor pagados: ganan menos del 50% de la mediana por hora trabajada

Los ministros de Economía y Trabajo, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, respectivamente, se han vuelto a reunir esta tarde y han acordado llevar a la comisión de asuntos económicos la reducción de la jornada laboral. Será el 27 de enero y de ahí irá al Consejo de Ministros. Por otro lado, este miércoles empezaba a negociarse la subida del salario mínimo y Trabajo emplaza a los agentes sociales al 22 de enero para negociarlo.

La comisión de expertos plantea dos opciones. Trabajo apuesta por la más alta, un incremento del 4,4%, que se traduciría en una subida hasta los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Los sindicatos piden más, un salario mínimo que llegue a los 1.200 euros mensuales. En el lado contrario, los empresarios califican como “inasumible” la subida que propone el departamento de Yolanda Díaz.

Foto: Gustavo Valiente / Europa Press