Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, admite que los presupuestos de 2014 pueden ser los del fin de la recesión, en términos de la caída del PIB, pero "todo apunta a que España camina hacia una zona de estancamiento económico como Japón". Entrevistado en Los desayunos de TVE, ha subrayado que el empleo "tardará mucho tiempo en recuperarse". Añade que el empleo "se va a mover en negativo" y que, dando por buena la afirmación del ministro de Economía de que con las reformas estructurales España podría crear puestos de trabajo con un crecimiento del 1%, en las cuentas de 2014 no se llega a esa cifra -se queda en un 0,7%-. Toxo cree que se va a destruir empleo el año que viene y recuerda que algunos expertos reducen la previsión de crecimiento para España al 0,2% o 0,3%, pese a que su deseo es que la economía se reactive y supere esos niveles.

El secretario general de UGT ha hablado sobre su sindicato en Andalucía. Méndez no descarta medidas si hay irregularidades graves. Cree que ha actuado correctamente en el caso de la supuesta falsificación de facturas de la organización en esta autonomía. Méndez recuerda que hay tres investigaciones abiertas y que la UGT de Andalucía ha depositado dinero por si se cometieron errores. No descarta medidas internas si se demostraran irregularidades.

Encadenan cuatro años seguidos sin subidas de sueldo. Además, en 2010 el gobierno socialista se lo bajó el 5% y en 2012 se quedaron sin la extra de Navidad. Según cálculos sindicales, su pérdida de poder adquisitivo oscila entre el 20 y 30%. El Gobierno asegura que los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014 y reconoce el esfuerzo que han hecho. Los sindicatos dicen que se les penaliza. Igualmente la oferta de empleo público se congela en 2014, salvo excepciones como en el caso de la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad o la lucha contra el fraude, en que la tasa de reposición será del 10%.

La minería del carbón tiene ya un plan industrial hasta 2018. Lo cerraban esta noche industria, sindicatos y empresarios. El acuerdo recorta ayudas e incluye prejubilaciones y bajas incentivadas.

Al ministerio de Empleo han acudido sindicatos y patronal para dar su opinión sobre la propuesta del Gobierno, que conlleva una subida anual mínima del 0,25 y máxima del IPC más ese cuarto de punto.

Será el curso de la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación. Según el ministerio, el presupuesto de becas aumenta en 250 millones. Los sindicatos sostienen que habrá menos dinero y menos profesores.

Los sindicatos dicen, en cambio, que hay que tomarlo con cautela y atribuyen el mínimo descenso del desempleo más al desánimo de los parados para inscribirse en el registro, que a la creación de puestos de trabajo. Entre los partidos, el PP cree que el dato del paro es esperanzador. Y el PSOE, que es positivo, pero destaca la pérdida de casi cien mil afiliados a la seguridad social.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado la propuesta del Gobierno para revalorizar las pensiones: "El nuevo indicador tendrá en cuenta la inflación, los ingresos y gastos del sistema cada año y los déficits o superávits del sistema". Báñez ha añadido que las pensiones no bajarán en ningún caso ya que van a tener un suelo y un techo: subirán como mínimo un 0,25% y como máximo, lo harán el IPC más un 0,25%".

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha dicho que con la propuesta del Gobierno "entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y que va a haber una bajada de pensiones". Por su parte, el secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha manifestado su preocupación sobre la "utilización de la reforma de las pensiones para abordar compromisos a corto plazo en materia de control de déficit mediante ajuste presupuestarios".

UGT Andalucía creará una comisión interna para revisar las facturas de los fondos públicos que ha gestionado y corregir si los hubiera, dicen, posibles errores. Desde el sindicato han negado las informaciones que apuntan a un presunto desvío de fondos destinados al empleo a través de facturas falsas.