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La vicepresidenta de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha asegurado que la derogación del plan Madrid Central no significa que la capital se quede sin proyecto para mitigar los efectos de la contaminación. Levy ha valorado que el Ayuntamiento trabaja en su propio plan mientras se muestra cauta con los 120 millones de euros recaudados en multas que ahora los usuarios podrían demandar su reingreso al considerarse que Madrid Central era ilegal por errores en su presentación y redacción. Por otra parte, la responsable de programas del Partido Popular ha dedicado unas palabras a analizar el resultado electoral en la Comunidad de Madrid el pasado 4M.

El PP dice que Pedro Sánchez será el responsable si se produce otra ola tras el fin de estado de alarma. El PSOE insiste en que cada comunidad tiene un marco legal para actuar contra la pandemia. Además protestan contra las aglomeraciones tras el fin del toque de queda los sanitarios y el sector del ocio nocturno.

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FOTO: El líder del Partido Popular, Pablo Casado. Juan Carlos Hidalgo / EFE.

Esta semana ha pasado por 'El Rincón' de Parlamento la senadora del PP, Ana Camins. Nos confiesa que de pequeña quería ser azafata, que se iría de cañas con Jacinto Morano de Unidas Podemos y que la música de Rocío Durcal es su debilidad.

El PP va a presentar una proposición no de ley en el Congreso para instar a una auditoría de expertos internacionales sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras el papel que este organismo ha jugado durante las elecciones a la Comunidad de Madrid el 4M.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha asegurado que el CIS, bajo la dirección de Jose Félix Tezanos, "ha perdido su rigor y objetividad" y se está utilizando "para afectar procesos electorales".

"Cuando se cocinan los resultados de las encuestas se interfiere en las conclusiones de una investigación sociológica", ha añadido Gamarra. "Cuando las encuestas a lo largo de este proceso electoral (...) distan tanto de la realidad de las urnas sin duda se debe auditar por parte de expertos internacionales qué papel está jugando" el CIS.

Foto: TVE

Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.

Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.

Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.

Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.