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La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales firma el informe sobre el Estado social de la nación correspondiente a este año. En él retrata a una sociedad en la que cada vez más personas se ven condenadas a sobrevivir. Asegura que en España hay más de ocho millones de trabajadores viviendo bajo el umbral de la pobreza; de ellos seis millones no son pobres, pero sí vulnerables, y 700.000 familias carecen de ingresos. Su queja es que las grandes cifras de las que tira el Gobierno en el debate sobre el estado de la nación ocultan a las personas. Denuncian de que la desigualdad y la precariedad están en el ADN de la nueva sociedad y alertan sobre el peligro de entrar en una espiral acelerada. El espacio se completa con historias recogidas en comedores sociales y en la iglesia de San Antón. También hablamos con voluntarios y con los responsables del Banco de Alimentos.

Coincidiendo con la ola de frío, la luz va a alcanzar su precio más alto desde 2013 a las 20 horas de este jueves. La oposición ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar esta subida. En Las mañanas de RNE, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha criticado el acuerdo contra la pobreza energética del Gobierno y el PSOE. A su juicio, las eléctricas abusan del consumidor.

"Cuando estamos en esa situación en nuestro país respecto al mercado energético y además hay un 20% de la población en pobreza energética y además a todos los demás nos están pegando unos estacazos por encender la calefacción que yo creo que son de vergüenza, el problema no es quién lleva la bandera de la pobreza energética, el problema es quién resuelve el problema del mercado energético en nuestro país", afirma (19/01//17).

La pobreza energética es una de las formas de exclusión social que más han agravado las desigualdades heredadas de la crisis económica. La sufren unos cinco millones de personas y uno de cada diez hogares en nuestro país. Profundizamos en este problema con Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales; Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, y Paca Blanco, portavoz de Ecologistas en Acción de la plataforma No más cortes de luz

Sergio Tirado habla de unas 7.000 muertes prematuras al año en España a causa de la pobreza energética, cuyo perfil de víctima es un inmigrante parado con bajos ingresos; Abel Caballero denuncia que los ayuntamientos hacen frente al problema sin tener competencias y Paca Blanca, además de reclamar un nuevo modelo energético, critica el pacto firmado entre el Gobierno y el PSOE, que a su juicio no reducirá la pobreza energética (30/12/16).

El bono social se puso en marcha en verano de 2009. Casi dos millones y medio de hogares se benefician actualmente de esta tarifa eléctrica, un 25% más barata, y que supone un ahorro anual medio de unos 200 euros. Solo es aplicable para viviendas usadas como residencia habitual. A partir de ahí ha de cumplirse al menos una de estas cuatro condiciones: tener una potencia contratada inferior a tres kilowatios, ser pensionista con ingresos mínimos, ser familia numerosa o que el hogar tenga a todos sus miembros en paro. Pero según los consumidores falta algo esencial: un requisito de renta.

Ligar el bono social a la renta de los beneficiarios es algo que, dice el ministro, habrá que estudiar en el desarrollo del nuevo reglamento para lo que se han dado un plazo de 3 meses. En cuanto a la financiación, hasta este momento corría a cargo de las grandes eléctricas, que eran las únicas que podían ofrecer esta tarifa. A partir de ahora, también las pequeñas podrán ofrecerla y deberán financiar el bono social, para eliminar la situación que una sentencia del Supremo consideraba discriminatoria.

Por distintos motivos la foto del acuerdo entre PSOE y Gobierno ha sido polémica. Podemos dice que es un intento del PSOE de lavarse la cara por su apoyo a nuevos recortes y que los dos se han saltado la iniciativa de Podemos sobre pobreza energética que el Congreso aprobó. "Un chanchullo de espaldas al Parlamento y a las organizaciones sociales, nosotros y nosotras no participamos de chanchullos ni de paripés", ha asegurado Rafael Mayoral. Ciudadanos, cuyas medidas finalmente se han incluido en el acuerdo, critica que se haya intentado dejarles fuera