El 90% de los alumnos de la concertada en Cataluña, Madrid y Euskadi pagan cuotas, que pueden llegar hasta 1.696 euros

• Los centros concertados recaudan entre 950 y 1.200 millones anuales en cuotas "ilegales", según un informe de EsadeEcPol
• El 15% de los centros que cobran cuotas lo hace para diferenciarse del resto y lograr más beneficios

El coste de los colegios concertados: el 70% cobra cuotas a sus alumnos a pesar de estar prohibido

La educación concertada debería ser gratuita, en teoría, para las familias que la eligen, pero el cobro de cuotas por distintos conceptos como la matrícula, el seguro, el material escolar, entre otros; las donaciones, se supone que voluntarias; o el mayor precio del menú del comedor en comparación con el de un centro público, hacen que en la práctica no lo sea. Entre el 81% y el 95% del alumnado de la concertada en España, dependiendo de la etapa escolar, paga estas cuotas, "ilegales en teoría pero habituales en la práctica", según el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, de EsadeEcPol, que concluye que "a día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada" y que estos centros escolarizan una proporción menor de alumnado de renta baja o de origen migrante, afectando a la igualdad de oportunidades y la equidad.

En España, cerca del 30% del alumnado acude a centros concertados, es decir, de titularidad privada pero financiación pública. La mayoría va a centros públicos (67%) y solo el 4% a privados autofinanciados. La cuota media en la concertada por alumno y curso oscila entre los 680 y los 860 euros de media, teniendo en cuenta también para hallar este promedio a las familias que van a estas escuelas sin pagar nada.

En total, estos centros recaudan entre el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años), Primaria y la ESO entre 947 millones -si no se tiene en cuenta los márgenes del comedor escolar- y 1.186 millones si se tienen en cuenta.

Sin embargo, hay una enorme disparidad a nivel territorial. En Cataluña, Madrid y País Vasco -donde se concentra el grueso de las cuotas (el 70%)-, nueve de cada diez familias que llevan a sus hijos a la concertada pagan cuotas. Si se tiene en cuenta solo a las familias que las abonan, la cantidad media en Cataluña es de 1.696 euros por alumno y año; en Madrid alcanza los 1.156 euros y en País Vasco, los 959 euros.

En Valencia, donde pagan cuotas el 82% de las familias, el precio medio por alumno y curso es de 597 euros, mientras que en Andalucía, donde solo el 60% del alumnado de la concertada las abona, estas ascienden a 453 euros. En el resto de comunidades el precio medio es de 557.

Los autores del informe aseguran que con este trabajo "se abre por primera vez la 'caja negra' de las cuotas en la escuela concertada" a partir del análisis de los microdatos de dos encuestas del Instituto Nacional de Estadística: la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) para ver lo que pagan las familias y la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada (EFGEP) para analizar lo que cobran los centros.

Las familias más ricas pagan más de 1.000 euros en cuotas

La investigación explica que, aunque las cuotas son abonadas por la mayoría del alumnado, el gasto se concentra en pocos hogares. El 13% de los alumnos no pagan y el 18% aporta menos de 20 euros al mes. Sin embargo, el 20% que más paga supone el 60% del gasto global en cuotas y el 10% que más aporta "acumula el pago del 45% del total".

El estudio también desvela "una notable desigualdad respecto a quién paga cuotas" al analizar los pagos según el poder adquisitivo de las familias. De esta manera, se ve cómo el 20% de las familias con mayor renta -aquellas que están en el quintil 5- soportan cuotas de más de 1.000 euros por alumno y curso.

Lucas Gortazar, uno de los autores del análisis de EsadeEcPol, explica que estos pagos -que el estudio define como "alegales (cuando no ilegales)"- "se promueven y proponen de forma proactiva y son generalizados", pero añade de que se han encontrado con alguna "sorpresa" como que "hay muchos centros que no cobran, especialmente en Andalucía", y el hecho de que "algunos centros lo hacen por pura supervivencia" porque está infra-financiados.

En este sentido, el estudio señala que el sector de la concertada "es más diverso que monolítico" tanto desde el punto de vista territorial como de las causas que llevan a cada centro a exigir a las familias cuotas por una educación que se supone que es gratuita al recibir financiación pública.

Tres motivos distintos para cobrar a las familias

Gortazar junto a los otros dos investigadores -Ángel Martínez de EsadeEcPol, y Xabier Bonal, de la Universidad Autónoma de Barcelona- concluyen que hay tres motivos por los que los centros concertados cobran: uno de ellos es la infra-financiación, es decir, aquellos que tienen un margen inferior de 200 euros por alumno y curso antes del cobro a las familias y les pasan los recibos "para sobrevivir"; el segundo es querer hacer frente a gastos no concertados como pueden ser otro personal del centro como psicólogos o profesores de extraescolares; y el tercer motivo es exigir el pago para diferenciarse del resto o para sacar un mayor beneficio económico.

Los autores dividen así en cinco categorías los colegios concertados: aquellos que no cobran ya estén en situación de infra-financiación o no y que representan en total el 30% de centros; aquellos que lo hacen por estar en infra-financiación (casi un 25%), aquellos que exigen las cuotas para cubrir gastos no concertados (casi otro 30%); y por último aquellos que lo hacen para diferenciarse y ganar más dinero.

Cataluña es, según los autores, la comunidad autónoma "con mayor desigualdad de financiación entre sus centros concertados" y con las cuotas medias más elevadas, como se ha visto al principio de la noticia. Apenas el 6% de los concertados no cobran a las familias, cerca de la mitad lo hacen por una situación de infra-financiación y entre un 25 y 33% piden dinero como una forma de "obtener niveles de distinción o beneficio económico".

En el caso de Madrid, "los centros mejor financiados tienen una gran probabilidad de cobrar y cobrar cantidades altas" y existe una proporción "baja de centros infra-financiados y una proporción ligeramente superior respecto a la media nacional de centros que cobran por razones de diferenciación". País Vasco, por su parte, presenta niveles de financiación muy elevados y una "enorme importancia de los gastos no concertados".

"No está claro que deba mantenerse este sistema de concierto universal"

Lucas Gortazar señala que a la luz de los resultados obtenidos "no está claro que deba mantenerse este sistema de concierto universal a la carta y para todas las situaciones y ese es el mensaje general. Las políticas educativas tienen que ser quirúrgicas y precisas porque la realidad no es igual en todos los centros". En este sentido, este autor plantea distintas propuestas para garantizar la gratuidad de la educación concertada y evitar la segregación escolar empezando por "medidas de transparencia" para saber el coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado de todas las comunidades y la recogida con mayor periodicidad de los datos del INE, "lo que permitiría entender no solo la magnitud y el alcance de este fenómeno, sino su evolución".

Habría otras medidas de supervisión para auditar los gastos no concertados y las cuotas de aquellos centros que sin infra-financiación los financian a través de las familias y para que el gasto de comedor sea igual en las dos redes y no se convierta el pago del menú en una "fuente indirecta de financiación escolar".

También habría que regular, según los autores, que lo que paga una familia en concepto de actividades complementarias y otros servicios sea igual en las dos redes. Es decir, que una extraescolar no sea más cara en un concertado que en un público, por ejemplo.

"Entre las medidas más drásticas está desarrollar un sistema de concierto que evite el concierto indiscriminado y automático para todos los centros y que esté condicionado al no cobro de cuotas especialmente en los centros claramente sobrefinanciados y que están cobrando cuotas incluso por encima de sus necesidades de gastos no concertados", concluye Gortazar.