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Los trabajadores de la radiotelevisión valenciana han hecho esta tarde un programa con muchas conexiones en directo para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el cierre del canal autonómico.

Todo después de que el presidente Fabra anunciara que el cierre es innegociable porque ha insisitido el gobierno no puede asumir el coste de readmitir a los mil trabajadores afectados por un ERE ahora declarado nulo.

Los empleados del ente público piden que se cumpla una sentencia que anula el ERE y consideran que se han vulnerado derechos fundamentales.

La Radio Televisión Valenciana nació en 1989 con cerca de 700 trabajadores y un presupuesto, que entonces era en pesetas, de 41 millones de euros. Plantilla y dotación fueron engordando hasta que llegó al crisis, igual que la deuda. Si diez años después Canal Nou debía casi 80 millones, en 2008 esa deuda rondaba los 1.000. Para entonces, tenía más de 1.600 empleados y un presupuesto de 270 millones de euros que fueron menguado. Entre 2008 y 2012 se redujo un 40%, hasta los 154 millones. Y este año, la Generalitat volvió a recortarlo otro 40% y le asignó 86 millones.

Mientras, la radiotelevisión pública valenciana seguía perdiendo dinero, más de 800 millones hace dos años y su audiencia se desplomaba del 20 al 5%. El ente público destina el 25% su presupuesto a pagar los intereses de la deuda, que financia con créditos avalados por el ejecutivo valenciano.

Con estos números llega la reestructuración de Canal Nou. La Generalitat asume más de mil millones de deuda, dspide con un ERE a 1000 trabajadores y externaliza la producción de contenidos.

Según el presidente Fabra, si los readmite necesitaría 72 millones para pagar a una plantilla de 1.700. Y ese dinero es casi todo el presupuesto de la empresa pública para 2014.

El presidente de la Comunidad Valenciana explicará esta mañana las razones que le han llevado a decretar el cierre de la radio televisión autonómica. Alberto Fabra ha tomado esta decisión tras el rechazo de la justicia al ERE que planteó el gobierno de la Comunidad. El fallo judicial obligaba a readmitir a los trabajadores despedidos.

  • La Generalitat anunció su cierre tras el fallo del TSJCV que anula el ERE
  • Argumenta que la readmisión de más de mil empleados "hace su continuidad inviable"
  • El Ejecutivo autonómico dice que tiene la obligación de priorizar los servicios básicos

Francia va a incrementar sus medidas de seguridad en Mali y en los países vecinos tras el secuestro y asesinato ayer de dos periodistas franceses en la ciudad de Kidal. Ya se está buscando a los autores del crimen.

El presidente francés, Françoise Hollande, ha manifestado su indignación por la muerte en Mali de dos periodistas de su país secuestrados. Hollande mantendrá una reunión con varios ministros para analizar estos asesinatos.

La Corte Suprema argentina ha dado la razón al gobierno de Cristina Fernández en su reforma de la Ley de Medios de comunicación. Dictamina el tribunal que el gobierno tiene la responsabilidad de evitar que las empresas crezcan tanto que monopolicen el discurso público. Termina así un proceso que ha durado cuatro años, desde que el gobierno aprobó la ley, una guerra que tiene como objetivo final acabar con la hegemonía del Grupo Clarín, uno de los mayores de Argentina y toda américa Latina. Eso sí, la Corte suprema añade en su sentencia que las empresas deben ser compensadas por vender o serles expropiados sus activos y que el control de la ley debe hacerlo un organismo independiente al gobierno.

MARIÁN SERÉN (Corresponsal de TVE en China).- Un periódico chino se ha saltado la censura para reclamar en primera página la liberación de uno de sus periodistas, detenido por la Policía. "Por favor, liberen a nuestro compañero" dice el titular. Y debajo: "Somos un periódico pequeño, pero tenemos muchas agallas". El diario denuncia que el periodista fue detenido por destapar la presunta contabilidad falsa de una empresa propiedad en parte del gobierno chino. Los jefes de la sección de Economía del periódico llevan días escondidos. En China solo se puede trabajar de periodista si se supera un examen del Gobierno en el que, además de conocimientos profesionales, se les exige que conozcan los principios del Partido Comunista.