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Cuatro días después de ser rescatados de un posible naufragio, los 121 inmigrantes a bordo del 'Open Arms' siguen a la espera de un puerto seguro. Italia y Malta son los puertos más cercanos, pero siguen sin autorizarlo. En la embarcación viaja la enviada especial de RTVE, Yolanda Álvarez.

Hablamos ahora de un tema que no por ser recurrente es menos importante y es que los delitos contra el medio ambiente se han cuadruplicado en los últimos 10 años. Los casos que llegan a los tribunales han subido de 130 en 2007 a más de 600 en 2017. Son datos de un estudio de la ONG SEO Birdlife. Hablamos con David de la Bodega, responsable del programa legal de esta organización.

'Save the Children' denuncia que muchas veces los menores son víctimas de trata y exige la necesidad de tomar medidas urgentes. Solamente el año pasado, 7.000 menores cruzaron el estrecho solos, sin ningún referente familiar. El 60 % son acogidos por Andalucía.

Miles de personas se han desplazado de un lado a otro de manera constante entre las áreas de Gedeo y Guji en el sur de Etiopía durante los últimos 15 meses, después del estallido de violencia étnica en abril de 2018 y de los esfuerzos continuos de las autoridades para reubicarlos. Los campos donde se alojaban ahora han sido cerrados, pero muchas personas no pueden regresar a sus hogares y permanecen desplazadas en las comunidades de acogida o en sus áreas de origen. La mayoría sobrevive en condiciones difíciles con poca asistencia humanitaria, luchando para proteger a sus hijos de la desnutrición y otras enfermedades.

El capitán del Open Arms denuncia que "cuando la política interviene en el mar, las vidas corren peligro" y "el derecho marítimo se diluye como un azucarillo en el agua". Explica que el velero Alex solicitó su ayuda porque necesitaban asistencia médica tras rescatar a 54 personas entre las que había "cuatro mujeres embarazadas, cuatro bebés, cuatro menores y algunos supervivientes del bombardeo al centro de refugiados en Libia". El gobierno español no permitió el trasbordo de los migrantes.

La capitana del barco de la organización alemana Sea-Watch, Carola Rackete, ya está en libertad, pero las autoridades italianas la mantienen en un "lugar secreto y seguro" porque dicen que ha recibido amenazas. Muchos la esperaban a la puerta de la casa de Agrigento donde ha estado en arresto domiciliario pero a Carola Rackete no hemos vuelto a verla desde que anoche la jueza de esta ciudad de Sicilia rechazara punto por punto las acusaciones al considerar que "actuó para cumplir con su deber de poner a salvo a los inmigantes". Es más, la jueza considera que la prohibición de entrar en aguas territoriales, impuesta por el reciente decreto Salvini, no se puede aplicar a los actos de rescate. Este miércoles, la ONG alemana ha explicado que han trasladado a Rackete a un lugar secreto y seguro ante las amenazas que estaba recibiendo. Tono muy duro también del ministro del interior italiano Matteo Salvini enfurecido por la decisión judicial que califica de política y vergonzosa. Si algún juez quiere hacer politica de izquierdas que deje la toga y se presente a las elecciones---dice Salvini. Unas palabras criticadas por el ministro de justicia de su propio gobierno y por la asociación nacional de magistrados en el que ha sido quizá el primer gran revés legal al puño de hierro de Salvini contra la inmigración desde que es ministro del interior.

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En Italia han desembarcado más de 1.000 migrantes en junio. El Ejecutivo transalpino a quien realmente pone problemas es a los barcos de las oenegés, como el de la joven capitana del Sea-Watch 3, que este lunes ha comparecido ante el juez, acusada entre otras cosas de tráfico de personas. "Salvini no está solo, también en España multan a quiénes salvan vidas", denuncia el capitán del Open Armas, que este fin de semana ha atendido a 55 migrantes. El barco español se enfrenta a multas de hasta 900.000 euros por hacer rescates, les ha advertido de nuevo el Gobierno de Pedro Sánchez. Situación similar vive el Aita Mari, que responsabiliza al ejecutivo de la muerte de 597 personas este año en el Mediterráneo por impedir que tanto el Open Arms como ellos vayan a la zona de aguas internacionales frente a Libia.