- Denuncia que la legislación española les impide que puedan aplazar el pago de las plusvalías por la transferencia de activos
- La Comisión ya abrió expediente a España en diciembre de 2021 y lanzó un ultimátum en mayo de 2024 por este hecho
- Fue juzgado por no devolver al Monasterio de Sijena las obras que estaban en un Museo de Lleida
- El tribunal no tiene pruebas suficientes para demostrar "incumplimientos de forma reiterada y persistente"
- El juez Hurtado emitió una "orden de conservación de datos" a ambas empresas el pasado enero
- También ha enviado comisiones rogatorias a Irlanda y EE.UU. para recuperar los mensajes y correos
- La dirección del PP defiende que Mazón está ofreciendo ya "colaboración" con la Justicia para investigar la gestión de la dana
- El Gobierno acusa a Feijóo de estar "permitiendo este escarnio diario" al no obligarle a dimitir como presidente de la Generalitat
- Subraya que el auto sobre su exconsellera "no es firme", pero muestra su "total colaboración y respeto"
- Rechaza hacer ninguna valoración del auto y afirma que se enteró por la prensa
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes ante los medios que no se ha planteado personarse, ni él ni la Generalitat, en la causa que instruye el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana de Valencia que deja ya 225 víctimas mortales y 3 desaparecidos.
A su llegada al Palau de la Generalitat para presidir el pleno semanal del Gobierno valenciano, Mazón ha señalado que aún no han recibido los autos de la jueza hechos públicos este lunes, que mantiene su intención de "absoluta colaboración y máximo respeto" por la actuación judicial y que su valoración personal se la sigue guardando para él.
FOTO: Rober Solsona / Europa Press
- Coinciden en que ser mujer influye negativamente en las posibilidades de alcanzar puestos de responsabilidad
- El 80% de las encuestadas ve necesario fomentar la igualdad en el seno de la carrera judicial
- Ha sido en una vista pública en el Supremo para revisar el recurso del expresidente catalán contra la decisión del juez Llarena
- También la Abogacía del Estado defiende que hay que aplicar la amnistía porque no hay beneficio personal
- La Fiscalía pide penas que suman 85 años de cárcel por abusos y posesión de material de explotación sexual infantil
- Los 11 jóvenes declaran esta semana a puerta cerrada
- La Fiscalía pide más de 29 años de cárcel para Santiago Fuentes Jover por un engaño que cifra en 1.902 millones de euros
- Ofrecía un falso sistema automatizado de inversión a través de estrategias de marketing y una presunta estructura piramidal
Hoy hemos hablado de como el derecho acaba formando una especie de pirámide jurídica, rocosa en la que se conservan algunas cuestiones que parece imposible que pudieran estar en vigor o que se pudieran utilizar. Creemos que el siglo XXI tiene derecho a tener unas leyes ágiles modernas y realmente nos sobra un poco una legislación que es nada menos del siglo XIII.
Conversamos con las Madres Protectoras de Barcelona, un colectivo de víctimas de violencia de género que desde hace meses denuncia supuesto maltrato institucional por parte de la jueza Francisca Verdejo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de la ciudad. Belén, Violeta, María y dos abuelas nos cuentan sus experiencias con las voces distorsionadas para mantener el anominato por miedo a represalias. En Al margen de la ley también hemos contactado con el juzgado y nos explican que la jueza no puede manifestarse porque desconoce si estos casos entran en su competencia y porque, de ser así, se comprometería su labor.
Programa 27, especial 8M. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, repasa varios casos destacados de violencia sexual: casos Monedero y Errejón, la sentencia del caso Rubiales y el caso Pelicot. Conversamos con las Madres Protectoras de Barcelona, un colectivo de mujeres víctimas de violencia de género que denuncia violencia institucional por parte de la jueza Francisca Verdejo. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual nos habla sobre la sumisión química, un delito que afecta mayoritariamente a las mujeres.
- La Audiencia Nacional descuenta a Balbino Sáenz Olarra la condena cumplida en Francia, donde fue detenido en 2002
- La trasposición de la directiva europea se aprobó en octubre por unanimidad en el Congreso, pero con críticas del PP
- La sentencia también afirma que el plazo de prescripción para pedir importes por revolving se inicia con cada pago mensual
- El Tribunal obliga al WiZink a restituir al usuario lo pagado con el revolving
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se anule el juicio contra Luis Rubiales y parte de su cúpula por el beso no consentido a Jenni Hermoso. En el juicio, Rubiales fue condenado a una pena de multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual, pero absuelto —junto a los otros tres acusados— por el delito de coacciones. El Ministerio Público pide que se repita, entre otras cosas, por las preguntas que el juez no le dejó formular y solicitan un magistrado "no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".
La fiscal Marta Durántez pide a la Sala de lo Penal que declare la "nulidad de la sentencia por indefensión y arbitrariedad", tanto para Rubiales como para los otros tres acusados. Además, insta a que se dicte una nueva sentencia en el que se valoren "todos los medios de prueba admitidos y practicados".
- El transportista se negaba a la compensación alegando que el vuelo era de un viaje combinado
- La Justicia sostiene que el pago por un tercero del viaje combinado no excluye del derecho a compensación
- La fiscal Marta Durántez pide que se declare la nulidad de la sentencia por "indefensión y arbitrariedad"
- El juez absolvió al expresidente de la Federación Española de Fútbol y a otros tres acusados del delito de coacciones
- Lo indica en su respuesta al recurso de reforma interpuesto por el exministro por las medidas cautelares
- La empresa pública Ineco traslada al fiscal que tiene documentos que acreditan que la expareja del exministro trabajó para ellos
- Se requisaron 22.900 pares de guantes, 11.700 mascarillas y 768 batas sanitarias entre otros materiales
- El Supremo ha fijado la indemnización en 146.587,70 euros más el correspondiente premio de afección al 5%