Antonio Escribano, Ingeniero de caminos ya jubilado, inició su batalla contra la plusvalía cuando heredó el piso de su madre. Ya lo advirtió: la fórmula que evaluaba el impuesto era errónea.
La plataforma Soria !YA! ha sacado este viernes a cientos de personas a la calle para exigir al Gobierno una fiscalidad diferenciada en Soria, Cuenca y Teruel, las tres provincias con menos población. La falta de recursos, de servicios esenciales y de incentivos fiscales para acabar con la despoblación son algunas de las reclamaciones de esta plataforma.
Informa Borja Rivas.
El Tribunal Constitucional tumba el impuesto de plusvalía, lo que pagábamos al ayuntamiento al vender o heredar un inmueble. No se ajusta, dice, a la realidad ni a la legalidad. La decisión deja a los consistorios españoles sin su segunda fuente de ingresos. Unos 2.500 millones de euros anuales. Varios alcaldes extremeños coinciden en pedir una alternativa compensatoria.
Los ayuntamientos de las principales ciudades españolas han dado la alarma sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía que pagan a las corporaciones locales quienes venden una vivienda. Los ayuntamientos aseguran que se les privará de una fuente muy importante de financiación.
La FEMP asegura que las corporaciones locales, que están ahora preparando sus presupuestos para 2022, perderán en torno a 2.500 millones de euros. Los principales consistorios, con Madrid y Barcelona a la cabeza, han pedido soluciones al Gobierno.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia completa.
Foto: Efe
Los Ayuntamientos reciben cada año unos 2.500 millones de euros del impuesto de plusvalías. Algo que, hasta ahora, pagábamos al vender, heredar o recibir, por ejemplo, un piso. Quedarse de golpe sin ese dinero es un grave problema para los consistorios y así lo han denunciado alcaldes de todo signo político. Hacienda se ha visto obligada a anunciar que lo reformará para que se adapte a la Constitución. Informa Daniel Bermejo.
El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre la plusvalía que cobran los ayuntamientos, incluso en el caso de que la venta de un inmueble haya producido una ganancia. Este fallo supone una nueva vuelta de tuerca porque hasta ahora sólo se había declarado inconstitucional este tributo en aquellos casos en los que la venta hubiera generado pérdidas o cuando el impuesto superaba en importe a la ganancia generada.
No tendrá carácter retroactivo, con lo que se cierra la puerta a recuperar el dinero cobrado por esa plusvalía. La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.
Informa Usua Irastorza
El portavoz económico del PP en el Congreso Mario Garcés cree que la Ley de Vivienda anunciada por el gobierno implica una invasión de competencias y anima a las comunidades gobernadas por el PSOE a que lo estudien, y se opongan a ella. Garcés entiende que haya personas vulnerables que tengan problemas pero la manera de facilitar el acceso a la vivienda —dice— no es introducir medidas que limiten también el derecho de propiedad a los propietarios.
Sobre los presupuestos del año que viene considera un escándalo que el gobierno espere seis días para llevar las cuentas al Congreso y que mientras aproveche para hacer propaganda en los medios. Cree que más gasto público no resuelve los problemas de este pais y que anticiparse al resto de paises aplicando un mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades nos quita competitividad. Asimismo, sobre el bono cultural para jóvenes, cree que es electoralista y recuerda al gobierno que no es la vía para solucionar los problemas de un sector como el cultural.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que la ley de Presupuestos Generales para 2022 incorporará un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, una medida, ha dicho, que se incorporó en 2019, pero al no ser aprobados, no pudo ponerse en marcha. "Nos sitúa en el consenso internacional sobre fiscalidad", ha declarado. A la vez, se mantiene "intacto" el compromiso de aprobar una reforma tributaria global. "Será en febrero cuando conozcamos el trabajo que están desarrollando los expertos, y ahí evaluaremos todas las opciones que planteen", ha añadido la ministra.
