El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha hecho un llamamiento al PP, en su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros después de su nombramiento, para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el Gobierno para renovar el CGPJ", ha señalado el ministro, que ha recordado que el órgano de gobierno judicial lleva 959 días de retraso sin renovarse.
Foto: Emilio Naranjo /EFE.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha explicado que la nueva Ley de Memoria Democrática que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros tiene como "primer eje" situar a las víctimas "en el centro de la acción política". Mediante esta ley, según ha asegurado, se declaran "injustas" las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y se consideran ilegítimos "aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias", todas esas sentencias, según ha señalado Bolaños, se declaran "nulas". Además se declaran dos días para homenajear a las víctimas, el 31 octubre, como el "Día de todas las víctimas de la Guerra Civil, el golpe de estado y la dictadura", y 8 de mayo, como el Día de las Personas Exiliadas.
Foto: Vista del Valle de los Caídos. Mariscal /EFE.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado este lunes que los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de declarar parcialmente inconstitucional el primer estado de alarma "quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma" si, según ha dicho, "hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta" de la semana del 9 al 15 e marzo de 2020. Para Pablo Casado (PP), el Ejecutivo incurre en un ataque sin precedentes al Tribunal Constitucional. El resto de formaciones también ha entrado en la batalla política a causa de la sentencia.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado este lunes que los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de declarar parcialmente inconstitucional el primer estado de alarma "quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma" si, según ha dicho, "hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta" de la semana del 9 al 15 e marzo de 2020.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado por su parte en una entrevista en La Hora de la 1 que “el Gobierno debería tener humildad, abandonar esa soberbia y reconocer que ha vulnerado los derechos de los españoles y asumir que actuó, tarde y mal” respecto a su gestión de la pandemia.
Carlos Alonso Zaldívar, ex embajador de España en Cuba, ha dicho en Las mañanas de RNE que Internet ha hecho mucho, pero que no ha cambiado fundamentalmente el problema de fondo ni las soluciones que se apuntan en Cuba. "Como ha escrito Leonardo Padua, en Cuba se ha producido un alarido, que pueda haber estado provocado por gente pagada según dice, que ha provocado vandalismo para generar inestabilidad, que ha tenido una dimensión social profunda, que las autoridades cubanas no pueden menospreciar", dice.
Sobre si esto supone y un antes y un después, lo tiene claro. "Es deseable, que las autoridades consideren que tengan que explicarse y convencer mejor", ha dicho. Joe Biden dijo hace unos días que Cuba es un estadio fallido, y cree que España debería pedirle explicaciones. "Al Gobierno de España le pediría que vaya a la Casa Blanca y le pida explicaciones. No se puede perder de vista que en Cuba hay 150.000 españoles. No es un estado fallido, tiene uno de los mejores índices de desarrollo social de Latinoamérica", ha explicado.
TVE ha tenido acceso a la sentencia del Constitucional que declara ilegal el confinamiento del primer estado de alarma, decisión que ha provocado un choque con el Gobierno. Los magistrados argumentan que la pandemia alteró gravemente el orden público y que estaba legitimado decretar el estado de excepción. Algo que, recuerdan, hubiera requerido la utorización del Congreso.
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FOTO: La Gran Vía de Madrid, prácticamente desierta en uno de los primeros días del confinamiento decretado por el estado de alarma en marzo de 2020.
Representantes de todos los poderes del Estado han estado en el homenaje a las víctimas de la COVID-19. Allí han coincidido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, en pleno choque entre el Gobierno y el Alto Tribunal, que acaba de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma. El encuentro ha durado un rato largo, según fuentes de Moncloa. Tampoco ha pasado desapercibida esta otra conversación: Sánchez con la nueva ministra de Justicia y el presidente del Poder Judicial. En el Palacio Real ante el micrófono no ha querido hablar del tema. Foto: EFE/Ballesteros/POOL
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha dicho "respetar" pero no "compartir" la decisión del Tribunal Constitucional, que ha tumbado el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. A su juicio, existe “un problema muy serio con la justicia en España". “Son los jueces los que están haciendo la oposición al Gobierno y eso la gente no lo entiende”, ha afirmado en Las Cosas Claras de TVE, donde ha señalado que es “fundamental” renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace más de dos años.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), ha indicado que la inconstitucionalidad del primer estado de alarma "abre un problema": "No se ha modificado la legislación para ponerla de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es muy importante que los legisladores adapten las leyes y la normativa del estado de alarma y de excepción a lo que diga esta sentencia que se publicará en los próximos días". "La cuestión que se plantea no es si era oportuno el estado de alarma en marzo de 2020, que parece que por los resultados sí lo fue, si no que supuso una restricción inapropiada de los derechos fundamentales", ha señalado Arbós. Sobre la emisión de cinco votos particulares, el catedrático ha especificado que la sentencia tiene "el mismo valor", pero la cantidad de votos particulares y la "variedad de sensibilidades" que representan "da lugar a pensar que el asunto es muy controvertido". "Lo menos malo de la sentencia es que ya está y sirve de referencia para mejorar la legislación", ha mantenido en 24 horas de RNE.
El profesor ha explicado las diferencias, en la Constitución, entre el estado de alarma y el estado de excepción: el primero permite establecer alguna restricción a los derechos fundamentales, mientras que el segundo permite suspenderlos. "Hay una diferencia en la ley que desarrolla las previsiones constitucionales. En el caso del estado de alarma, hay una previsión explícita para las crisis sanitarias y el estado de excepción se reserva para otros supuestos", ha señalado. También ha puntualizado que las disposiciones del estado de alarma entran en vigor inmediatamente, desde que se publica el Real Decreto, y tienen una duración máxima de 15 días a partir de los cuales, tiene que ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, el estado de excepción es pedido por el Gobierno al Congreso de los Diputados y no entra en vigor hasta que hay una aprobación.
