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El ministro de Hacienda ha subido la intensidad del debate parlamentario esta tarde cuando en la sesión a control del Gobierno en el Senado ha planteado que si los actores españoles más importantes pagaran sus impuestos en España la presión fiscal se reducidiría. "A nosotros no nos hace falta Depardieu ¿saben por qué? porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España", ha asegurado Cristobal Montoro (19/02/13).

El vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, no descarta dimitir de sus cargos en las patronales, si bien se muestra confiado en que la Fiscalía Anticorrupción no encuentre irregularidades en sus empresas, después de que algunos de sus empleados hayan denunciado supuestos pagos en negro. Agredece el "apoyo, los afectos y cariños" que ha recibido tanto en la CEOE como en la patronal madrileña e insiste en que se va a tomar un periodo de "reflexión" sobre su permanencia en dichos cargos institucionales y, según "vaya viendo las cosas", tomará la decisión "más oportuna para todos" (14/02/13).

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado en el Congreso que uno de los 21 imputados en a trama Gürtel se acogió al proceso extraordinario de regularización fiscal, por una cuantía de menos de 3.500 euros, y otros siete presentaron declaración complementaria, la mayoría antes de que se pusiera en marcha la llamada amnistía fiscal. Montoro ofreció estos datos ante el Pleno del Congreso ante la petición de la Auiencia Nacional para saber, de entre una lista de 21 personas físicas y jurídicas implicadas en la red Gürtel, quienes se habían acogido a la amnistía fiscal. La respuesta de Hacienda ya está en los tribunales y, por ello, el ministro ha adelantado algunos datos: De las 21, "sólo una" se acogió al procedimiento extraordinario y, aunque a dicho no poder dar el nombre, ha detallado que fue a través de una declaración por menos de 3.500 euros, con una cuota liquidada de 350 euros. Además, otros siete presentaron regularizaciones ordinarias mediante 37 declaraciones complementarias fuera de plazo, pero todas antes del inicio de la amnistía fiscal salvo dos

La fiscalía de Madrid ha abierto diligencias por los presuntos pagos en dinero negro que el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, hace a los trabajadores de sus empresas, integradas en el grupo Cantoblanco. La fiscalía quiere saber si es cierto que los empleados han recibido sobres con efectivo al margen de sus nóminas y si con estos pagos se habría cometido algún delito. Esta fórmula ha sido denunciada por varios de los más de dos mil trabajadores del grupo y negada por el propio empresario.

La fiscalía anticorrupción ha pedido documentación al Tribunal de Cuentas, al PP y a la agencia Tributaria para seguir investigando la supuesta contabilidad oculta del Partido Popular. Lo ha anunciado el fiscal general del Estado que hoy estaba en Logroño. Mientras, en Madrid, esta mañana ha declarado en la fiscalía anticorrupción el ex tesorero del PP, Alvaro Lapuerta que, ha negado una caja B en el Partido Popular.

16 páginas para insistir en la inocencia de Iñaki Urdangarin. Según su abogado, está en una situación de indefensión irreparable, porque el juez incorpora en su auto delitos, como el tráfico de influencias, que no estaban en el sumario. Y por eso abre la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración del derecho de defensa. Dice que no puede defenderse de acusaciones que no conoce. De esta forma podría intentar, en un futuro, anular todo el proceso. El abogado de Urdangarín pide la reducción de la fianza de ocho a cinco millones de euros y alega que no se deberían incluir las cantidades que se pagaron de IRPF e IVA porque supondría un enriquecimiento injusto de quien las cobró y un empobrecimiento injusto de su defendido. Más amplio, 34 páginas, es el recurso del ex socio de Urdangarin, Diego Torres. En él parafrasean al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, para decir que el cargo de Torres, vicepresidente del Instituto Nóos, era más bien honorífico. Y vuelve el abogado a decir que quien disponía, decidía y ordenaba era Iñaki Urdangarin. La Casa del Rey insiste en que en ningún momento ha presionado ni ha hecho ninguna indicación o sugerencia a la infanta Cristina para que renuncie a sus derechos de sucesión al trono o para que se divorcie de Iñaki Urdangarín. Zarzuela sale así al paso de los insistentes rumores que apuntaban esta posibilidad por la deriva judicial del caso Nóos. Desde la Casa del Rey reitera que no hay motivo para la renuncia porque la Infanta no sólo no está imputada sino que el propio juez Castro ha rechazado hacerlo, como solicitaba el sindicato Manos Limpias.

  • Anticorrupción cita al extesorero y al exdiputado Trías para este miércoles
  • La Audiencia cita a Bárcenas para el día 25 pero solo por las cuentas suizas
  • El juez de Gürtel rechaza por el momento investigar la supuesta contabilidad B
  • El País entrega los supuestos papeles de Bárcenas a la Policía Judicial
  • Hacienda niega la amnistía fiscal y acusa a Bárcenas de intentar engañarla

Es la agenda judicial del caso Bárcenas. Empieza mañana mismo, cuando el ex tesorero del PP declarará sobre los supuestos sobres y la contabilidad B de su etapa en el Partido Popular. También lo hará el exdiputado del PP que aseguró que los sobres existían. El día 13, el exalcalde de Pozuelo, responderá sobre supuestos regalos de la trama Gurtel, y el día 25, de nuevo Bárcenas tendrá que declarar por sus cuentas en Suiza. El juez Pablo Ruíz quiere preguntar a Bárcenas por el origen del dinero que tenía en la cuenta de Suiza. Hoy se ha sabido que ha encontrado otra cuenta, con la que el ex tesorero se acogió a la amnistía fiscal. La agencia tributaria asegura que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal presentando una declaración, textualmente, "inveraz", porque la sociedad con la que regularizó el dinero se creó en 2008, y los fondos son de 2006 y que por eso, según el informe, el dinero no ha quedado legalizado y no le exonera a Bárcenas de ninguna responsabilidad penal. Mañana la cita es en la Fiscalía Anticorrupción, donde está citado a declarar Luis Bárcenas. Le preguntarán por las supuestas cuentas secretas del Partido Popular.

Hoy hemos sabido que el juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gurtel, ha citado como imputado al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para el próximo 25 de febrero por la cuenta de Suiza donde llegó a tener hasta 22 millones de euros. Lara Robles el juez le acusa de nuevos delitos de blanqueo y fiscal

El caso Bárcenas ha centrado hoy la mañana en el Congreso. El PP ha rechazado la petición del PSOE para que comparezca el presidente del gobierno en un pleno monográfico y también crear una comisión de investigación. El PSOE cree que la situación del presidente del Gobierno empeora después de que el PP se haya opuesto a que Rajoy comparezca en un pleno monográfico sobre la amnistía fiscal y Barcenas. Desde la Izquierda Plural y UPyD también exigen explicaciones del presidente. El PP dice que es la justicia la que debe establecer la verdad, y apuestan porque el presidente y su gobierno comparezcan pero en la sesión de control. Señalando al PSOE aseguran que las mentiras corrompen la vida pública y califican a Rubalcaba de inquisidor que pretende decidir qué es verdad o falso.

Hasta ahora, la información sobre las cuentas bancarias solo podía salir de Suiza de una manera: si la solicitaba un juez y probaba con documentos que el titular podía haber cometido algún delito fiscal. La petición debía proceder de un país con el que Suiza tuviera firmado un convenio, como es el caso de España.

Especificar la identidad del titular, la cuenta y la entidad donde estaba depositado el dinero era imprescindible para que los bancos facilitaran los datos.

Pero las fuertes presiones de la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos han empujado a las autoridades suizas a abrir la mano. En septiembre, el parlamento dio luz verde a la ley que relaja el secreto bancario. Y hoy entra en vigor, porque el plazo para someter esa medida a referéndum terminó sin que nadie hubiera planteado la consulta.

A partir de ahora ya no es necesario que exista un procedimiento penal ni que sea un juez quien haga la petición. Hacienda podrá solicitar a Suiza datos agrupados de contribuyentes, pero no estará obligada a proporcionar nombres o identificar las cuentas. Lo que sí sigue estando prohibido, de momento, son las demandas masivas de información.

El caso Bárcenas. El ex tesorero del PP ha presentado en el juzgado los documentos que demuestran que, efectivamente, en 2012 regularizó casi 11 millones de euros acogiéndose a la llamada amnistía fiscal. Lo hizo a través de una sociedad y pagó los impuestos correspondientes.

La noticia ha provocado distintas reacciones en el Congreso. Para el PSOE, confirma que la amnistía fiscal ha sido un coladero para defraudadores y delincuentes. El ministro de Hacienda ha dicho que Bárcenas no se acogió a la regularización como persona física, tal y como adelantó en su comparecencia parlamentaria, y que es la justicia la que determinará si la procedencia del dinero es o no lícita.