En el caso Nóos, Iñaki Urdangarín ha presentado hoy sus alegaciones contra la fianza de 8,1 millones de euros que piden la fiscalía y las acusaciones. Ayer lo hizo su exsocio Diego Torres. El abogado del Duque de Palma insiste en que es inocente y que los contratos eran correctos.
El gobierno francés estudia renegociar su convenio fiscal con Bélgica, después de la decisión del actor Gérard Depardieu de cambiar su residencia a este país para pagar menos impuestos. El de Depardieu no es un caso aislado, pero sí el más polémica ha generado.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha dicho que "la lucha contra el fraude descansa en buena medida en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia social del daño que genera el fraude fiscal".
Cinco empleados del Deutsche Bank han sido detenidos después de que 500 agentes de policía registraran las oficinas de la central del primer banco alemán por sospecha de blanqueo de dinero, encubrimiento y evasión fiscal. Se trata de operaciones con certificados de derechos de emisión de CO2 que el Deutsche Bank liquidaba a través de una división propia, por los que no declaraba el impuesto sobre el volumen de facturación. La Fiscalía General de Fráncfort cifra los daños en 850 millones de euros.
La Justicia alemana, además, otros 25 trabajadores están siendo investigados. Uno de ellos es el copresidente de Deutsche Bank, Jürgen Fitschen, y otro Stefan Krause, también miembro del comité ejecutivo. Ambos firmaron la declaración del impuesto sobre el volumen de ventas de 2009 del banco, añade el texto. Fitschen es copresidente de Deutsche Bank desde junio junto con Anshu Jain, en sustitución del suizo Josef Ackermann.
En un comunicado, el Deutsche Bank ha reconocido que "en relación con el proceso de investigación contra algunas personas que está en marcha desde la primavera de 2010 por la sospecha de evasión del impuesto sobre el volumen de ventas en la negociación de certificados de emisión de CO2, se produjeron hoy registros de la Fiscalía de Fráncfort en locales de Deutsche Bank".
El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche, 5 de diciembre, en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Díaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23.30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Caja Madrid a la aerolínea Air Comet. Antes, habían entrado en esta prisión el actual propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y otros cinco imputados por la supuesta comisión de varios delitos (alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible) relacionados con la suspensión de pagos y venta del grupo Marsans. La orden de encarcelamiento de siete imputados en la 'operación Crucero' fue dictada por el juez Velasco después de que los nueve detenidos en esta investigación comparecieran hoy en la Audiencia Nacional.
El expresidente de la CEOE podrá evitar la cárcel si paga una fianza de 30 millones de euros.
Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización profesional de inspectores de Hacienda del Estado, considera la medida de amnistía fiscal del Gobierno, con la que se han recaudado 1.200 millones de euros, como "insuficiente porque es la mitad de lo que se esperaba que eran 250 millones". A su vez, Pérez Boga asegura que "tiene un componente injusto y de desigualdad porque beneficia al contribuyente no cumplidor así que si la única trascendencia positiva para la sociedad es la recaudación y no es alta, hay que criticarla".
En cuanto a la cantidad de dinero aflorado, 12.000 mil millones de euros, ha afirmado que "es una cantidad importante para la economía pero esos ingresos también se recogen por la vía tradicional de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria". 30.000 contribuyentes se han sumado a esta recaudación y el dato medio por cada recaudador es de 37.000 euros "que se nos antoja muy bajo para el perfil del defraudador y ocultando una realidad dual de defraudadores que regularizan cantidades muy altas frente a otros que regularizan cantidades bajas y de ahí, sale la media" (03/12/12).
La campaña de amnistía fiscal ha recaudado 1.200 millones de euros y ha destapado unos 12.000 millones que tributarán en los próximos años. El PSOE la califica de inútil, ha pedido la comparecencia urgente del Ministro de Hacienda en el Congreso para que dé explicaciones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno ha recaudado 1.191 millones de euros por la amnistía fiscal. Esa cantidad supone menos de la mitad de la previsión inicial del Ejecutivo que era de 2.500 millones de euros. Montoro ha hecho el anuncio en la localidad malagueña de Mijas en el foro Hacienda, administraciones y la salida de la crisis, organizado por el diario Sur. El ministro de Hacienda ha indicado que "ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como el que vive España", porque "permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público".
El ministro de Economía y Competitividad ha dicho que lo importante de la amnistía fiscal es que han aflorado 12.000 millones de euros de bases imponibles cuyos rendimientos estarán gravados en el futuro.
El consejero valenciano de Hacienda José Manuel Vela ha dimitido hoy poco antes de ser imputado por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por la supuesta filtración de un documento que reclamaba la juez del caso Cooperación. Este caso investiga el supuesto fraude de ayudas públicas a ONGs. El Tribunal Superior de Valencia imputa a Vela delitos de encubrimiento, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Investiga si este informe que Vela hizo llegar hace una semana al diputado del PP Rafael Blasco, imputado en el Caso Cooperación, es el mismo que reclama la juez del caso a la intervención general de la Generalitat. El juez, de hecho, también ha imputado al interventor de la Generalitat.
