El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido el criterio unificador de la Fiscalía General de no rebajar penas a agresores sexuales con la ley del 'solo sí es sí', pero ha respetado tanto la decisión de los jueces de interpretar la ley como consideren, como la del legislador de tomar la decisión de corregir la norma.
"Los jueces siempre interpretan la legislación. Hay una tensión contenida entre legisladores y jueces en todos los estados de derecho del mundo, pero es una tensión hasta básica y necesaria" para la correlación de fuerzas, ha afirmado en una entrevista en La noche en 24 horas, en la que ha rechazado opinar sobre la reforma, ya que "acaba de comenzar". "Ahora mismo es objeto de absoluta polémica, y la Fiscalía no va a meterse en ella".
También ha mostrado su preocupación por las "situaciones dramáticas" a causa de la violencia de género y ha instado a promover todo aquello que "mejore el servicio público de la Justicia". "España puede sentirse orgullosa de cómo ha afrontado la violencia de género, pero vemos los repuntes con alarma", ha indicado.
Por otro lado, ha pedido dejar trabajar al Supremo para que pueda consensuar una decisión sobre el criterio de interpretación de la ley: "Los tiempos de la Justicia son diferentes".
Respecto a la violencia de género, García Ortiz ha explicado que "en las fiscalías de toda España se ven situaciones dramáticas", como las de dominio sobre la mujer. Es por ello que ha considerado positivo "dar todos los pasos posibles para quela formación y sensibilización de los fiscales sea la mejor posible" en esta materia.
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Álvaro García Ortiz, fiscal general de Estado, ha estado hablando sobre los principales asuntos jurídicos del país en 24 horas de RNE. En relación a las reivindicaciones de los familiares de los muertos en las residencias durante la pandemia, con quienes se ha reunido recientemente, ha explicado que pondrán toda su "vocación de servicio público" a la disposición de los familiares. Preguntado por si estos salieron decepcionados del encuentro, García Ortíz ha dicho que el decreto dictado en octubre con él como fiscal general del Estado pidió a todos los fiscales de España "que reabrieran aquellos procedimientos que dieran margen para ello".
Sobre las lecturas acerca de la situación judicial de Puigdemont, el fiscal general ha dicho que si hay que volver a acudir a otras instancias o tribunales "se hará". Tras la sentencia del TSJUE, ha dicho que "la cuestión está en la justicia Belga que será quien dará respuesta". "También veremos cómo se resolverá la revisión de la sentencia tras la destipificación de la sedición y cómo influye eso en el cumplimiento de las euroórdenes, pero estamos en un escenario realmente incierto", ha argumentado.
Otro tema de la conversación entre Josep Cuní y Álvaro García Ortiz ha sido la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno para eliminar el delito de sedición y modificar el del malversación. "Lo que dice el decreto es que la regulación no generará impunidad, de hecho amplía algunos comportamientos que antes no estaban incluídos". Preguntado por si esta nueva legislación pudiera favorecer a los independentistas condenados, el fiscal general del Estado explica que "los fiscales del Supremo que llevan la causa del procés ya emitieron el dictamen entendiendo que el nuevo tipo de malversación también amparaba las conductas por las que fueron condenados"
La actual implementación de la ley conocida como del 'solo sí es sí' también ha sido un tema nuclear de la entrevista. Desde su puesta en marcha se han producido una serie de rebajas de penas que han propiciado, de hecho, que actualmente los miembros del Gobierno de coalición estén negociando una modificación. García Ortíz ha sentenciado: "Si nos dan a elegir entre una interpretación que perjudique a la víctima y otra que no, nosotros optamos por la que favorece el sentir de las víctimas".
Finalmente, y sobre la "politización de la justicia", el fiscal ha dicho que este asunto "da para mucho tiempo con muchos debates diferentes", pero ha opinado que "lo que existe en España, como en muchos países democráticos, sontensiones que siempre han existido entre el ejercicio de los poderes del Estado".
En 2008 ingresó en prisión por primera vez por dos intentos de violación en el plazo de un mes. Antes de esa pena de prisión ya acumulaba una quicena de condenas por agresiones sexuales siendo menor de edad. Ahora ha sido puesto en libertad, seis meses antes de lo que hubiera salido sin la entrada en vigor de la ley del Solo sí es sí. La revisión suponía una rebaja de cinco años y medio, Los servicios de Justicia de la Generalitat aseguran que tiene un alto riesgo de reincidir. Las asociaciones feministas no entienden en ningún caso la excarcelación.
Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona y autor de 'El hombre que mató a Liberty Valance. Un alegato por la democracia y la libertad', que se presenta el miércoles 18 de enero en el Centro Cultural - Librería Blanquerna, ha estado en 24 horas de RNE.
El catedrático de Derecho Procesal ha explicado, en relación al auto de Llarena y la posterior posición de la Fiscalía, que con todos estos cambios e "idas y venidas", estamos viendo "todo lo contrario a la seguridad jurídica". Preguntado por si la situación de Puigdemont ahora es más favorable, Nieva considera que incluso si no se impone la interpretación del magistrado Llarena, "su situación ha cambiado a positivo", considera. Sobre las discrepancias de criterios, argumenta que "no es habitual que juristas de tanto nivel tengan estas profundas diferencias", ha explicado sobre el cruce de interpretaciones que hay actualmente entre la que hace el magistrado y la que pide la Fiscalía: "En este caso no hay más tela que la que arde", ha dicho Jordi Nieva.
El Ministerio del Interior trabaja en una herramienta para poder informar de sus antecedentes a las nuevas parejas de los agresores "persistentes". Una iniciativa sobre la que ya ha pedido un informe a la Fiscalía y que abre un debate jurídico
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto que unifica criterios de actuación ante la ley del solo sí es sí, y en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal. Es decir, con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los agresores sexuales. Aunque baje el mínimo en las penas no significa que haya que reducirlas.
