Una pareja toma posesión de las llaves de su nueva cafetería en Congrier, un pequeño pueblo de Francia, con 900 habitantes, donde el último establecimiento había cerrado hace unos meses, dejando al pueblo sin un café donde reunirse. Los nuevos propietarios han recibido el respaldo de la organización “1000 cafés”, bajo el paraguas de la empresa privada Groupe SOS, cuyo objetivo es algo tan simple como reabrir cafeterías en la "Francia vaciada" o, como se conoce en el país vecino, la “Francia olvidada”. Está dirigido a 32.000 municipios de 3.500 habitantes con el fin de crear espacios de convivencia y ofrecer servicios que han desaparecido en estas localidades pequeñas. “Hay una fractura en todo el país con aldeas que lamentan no tener ningún lugar para reunirse a conocer gente y al mismo tiempo tienen que estar listos para recibir a la gente de las ciudades que ahora quiere marcharse a los pueblos”, cuenta Jean-Marc Borello, presidente de Groupe SOS.
El Plan Especial de cinco años para Pompeya da sus frutos: ya son tres las casas restauradas que pueden ser visitadas en su totalidad. Entre las edificaciones abiertas se encuentran la "Casa de los Amantes", la única en la ciudad en conservar sus dos pisos, y la "Casa del Frutteto", cuyos frescos destacan por usar un fondo negro en lugar del tradicional rojo pompeyano. El Plan ha supuesto una inversión de 100 millones de euros, de los que 75 provienen de fondos europeos, y pretende dejar atrás años de mala gestión y derrumbes. Informa Sagrario Ruiz de Apodaca, corresponsal en Italia.
La Unesco advirtió a Italia en 2013 de que debía hacer mucho más para conservar Pompeya, afectada por graves deterioros y falta de mantenimiento... Un año después se puso en marcha un plan europeo de recuperación que ha permitido reabrir algunas joyas de la ciudad sepultada por la lava.
El Reino Unido ha decidido endurecer las condiciones de entrada de los inmigrantes. A partir de 2021, cuando entre en vigor el Brexit, pondrá en marcha un sistema de puntos para los que quieran trabajar en el país. Exigirá tener una oferta de trabajo, hablar inglés y se priorizarán los empleos cualificados. La ley ha provocado las críticas de la oposición, que ha calificado de cínico al Gobierno.
Ahora la pregunta es qué va a pasar con todos esos puestos que ahora mismo están mayoritariamente ocupados por trabajadores de fuera. El Gobierno dice que la solución está en que las empresas deberían mecanizar tantos procesos como puedan, emplear a los que ya viven en Reino Unido, y formar a los más de 8 millones de británicos que no trabajan.
Pero el Observatorio de la Migración de la Universida de Oxford tiene sus dudas. En el cuidado de ancianos hay 120 mil vacantes en centros de día que nadie quiere cubrir. Los empresarios avisan de problemas para cubrir puestos en agricultura, bares, restaurantes, hoteles o en hospitales. Desde el Partido Laborista creen que el Gobierno acabará haciendo la vista gorda.
Los efectos del Brexit empiezan a materializarse y ya sabemos cómo va a gestionar el Reino Unido la llegada de trabajadores extranjeros después de la ruptura definitiva con la Unión Europea. A partir del 1 de enero del próximo año va a entrar en vigor un sistema de puntos que cerrará la puerta a la mano de obra menos cualificada.
Deberán tener una oferta de trabajo: ingenieros, empleados de banca, médicos... Se les exigirá un certificado de inglés, un sueldo mínimo de 31.000 euros o tener un doctorado o dedicarse a un sector con escasez de mano de obra. Se acabó el llegar a trabajar como camarero, o en un hotel, como primer paso para después encontrar un trabajo mejor.
Esto ya está en vigor para otros países, pero será un gran cambio para los trabajadores comunitarios acostumbrados a circular libremente.
Hablamos con Javier González Vega, catedrático de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad de Oviedo, sobre otros países con modelos similares al que el Reino Unido comenzará aplicar a partir del próximo 1 de enero y que dificultará la entrada de mano de obra no cualificada en las islas.
González Vega explica que este sistema no es nuevo y que se aplica desde hace tiempo, aunque con ciertas particularidades, en Canadá o, mismamente, en Suíza.
La 'Tasa Google' es un impuesto digital ideado en Europa para que las grandes empresas tecnológicas, fundamentalmente las multinacionales norteamericanas, paguen en función de su facturación donde generan los ingresos, y no en el país donde tienen su sede oficial. Ganan dinero en un lugar pero tributan en otro con mayores ventajas. El ejemplo más utilizado es el de Google, de ahí el nombre de la tasa. Francia ya lo ha aprobado, aunque no lo cobra ante posibles represalias norteamericanas. En España el Consejo de Ministros le ha dado también el visto bueno, y tampoco la pondrá en marcha a la espera de un gran acuerdo internacional en la OCDE. Hay muchas dudas y preguntas que surgen en torno a este impuesto que intentamos resolver con Begoña Casas, profesora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Europea y experta en fiscalidad y tecnología.
Un reciente informe hecho público por la European Heart Network afirma que solo una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres en Europa no lleva una vida activa. En España, esas cifras de inactividad son todavía más preocupantes, sobre todo entre las mujeres.
En China, el COVID-19 ha dejado ya 2004 muertos y más de 74.000 contagiados. Además, 14.000 personas han superado la enfermedad. Hong Kong ha confirmado su segundo fallecido por esta neumonía vírica. Ante esta situación, el Gobierno ruso ha impuesto un cierre total de su frontera para los ciudadanos chinos.
El Gobierno ruso ha anunciado que suspenderá la entrada de ciudadanos chinos en el país a partir del 20 de febrero. Una medida que según señalan, es un intento de impedir la propagación del coronavirus, bautizado como COVID-19. Según asegura la directiva gubernamental, los ciudadanos chinos no podrán entrar en Rusia de ninguna manera. Un restricción que vale también para visitas con fines laborales, particulares, turísticos o científicos, según han informado a la prensa local fuentes del Ejecutivo.
España quiere empezar una nueva etapa en la Unión Europea coincidiendo con el primer gobierno de coalición desde la llegada de la democracia. Quiere cambiar su estrategia de los últimos años, muy cercana al eje franco alemán y buscar alianzas variables con otros estados miembros. Se buscarán socios en función de los intereses y de los asuntos a tratar. Lo analizamos con Belén Becerril Atienza, es subdirectora del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Considera que es para confirmar si se ha producido realmente el cambio. La posición realista para la profesora Becerril Atienza sería mantenerse cercanos al eje franco alemán. Un alejamiento traería más problemas que ventajas. De todas formas España tiene la posibilidad y el deber de defender sus intereses en la Unión Europea, y eso significa no votar siempre al lado de Francia y de Alemania y buscar otros alianzas. No son dos cuestiones incompatibles para Belén Becerril Atienza.
