La Abogacía General del Estado y la Fiscalía impugnarán ante el Tribunal Supremo todas las candidaturas presentadas por Bildu tras analizar los informes policiales que concluyen que la coalición está en la estrategia de ETA y que algunos de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna.
En concreto, presentarán en las próximas horas dos demandas cada una: una contra la totalidad de las listas de Bildu y una segunda para impugnar una treintena de listas de agrupaciones de electores.
El dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, ha negado que el inspector de la Policía José María Ballesteros, imputado en el caso, le diera el móvil con el que se le advirtió de que se iba a llevar a cabo la operación contra el aparto de extorsión de ETA. Según la investigación, el inspector Ballesteros, que está imputado, fue quien entregó ese móvil y Enrique Pamiés, jefe superior de policía del País Vasco, quien supuestamente alertó a Elosúa. Interrogado por el juez Pablo Ruz, Elosúa ha declarado en la Audiencia Nacional que el 4 de mayo de 2006 una persona entró en su bar y le dió un móvil con el que le alertaron de la operación policial contra ETA. Sin embargo, al mismo tiempo, el dueño del bar ha situado el soplo en el lapso temporal en el que el Ballesteros estuvo en el establecimiento, según fuentes jurídicas y personadas en la causa citadas por Europa Press.
En la semana clave para la posible impugnación de Bildu, el Partido Popular ha supeditado la salud del pacto antiterrorista a la actuación del Gobierno en este asunto. Este lunes, el PP le ha pedido al Gobierno en una reunión que impugne la coalición, además de todas las listas. La 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, ha confiado en que el Ejecutivo haga todo lo legalmente posible y apoye esta demanda. Cospedal reitera que, de no ser así, el Partido Popular actuará como considere conveniente. El PSOE acusa a los 'populares' de utilizar la lucha antiterrorista cada vez que hay elecciones. Un discurso desleal, dice Marcelino Iglesias, que no están dispuestos a tolerar.
En la agenda de hoy también ha estado presente de nuevo la excarcelación del etarra Troitiño. El PP acusa al Gobierno de no actuar con la diligencia debida y el PSOE cree que fue una decisión de los jueces que a ellos solo les cabe respetar.
De lo que no han hablado ni la dirección del PP ni del PSOE, ha sido del comunicado de hoy de ETA. La organización terrorista habla del tiroteo del mes pasado en Francia en el que hirieron a un gendarme. ETA lo justifica por el hostigamiento que, dicen, sufren de los Gobiernos de Francia y España.
El etarra Antonio Troitiño continua en paradero desconocido desde su excarcelación hace una semana. El PP ha insistido en que el gobierno tendría que haberle puesto vigilancia. El PSOE exige a Rajoy que desacredite a Mayor Oreja por afirmar que la fuga del etarra no es casual.
La banda terrorista ETA diseñó la estrategia política y encargó a Batasuna que impulsara la creación de Bildu, según el primero de los informes policiales que ya ha sido remitido a la Fiscalía.
Para cumplir la ley, el informe -que también está ya en manos del abogado del estado- dice que seleccionaron de forma minuciosa los candidatos para que no tuvieran vínculos aparentes con la ilegalizada Batasuna.
La policía se basa en los documentos incautados a la banda terrorista, en los que se dice que ETA estaba dispuesta a modular su violencia terrorista y a asumir parones o periodos de suspensión para promocionar la coalición de partidos independentistas y poder presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo.
Las asociaciones de jueces han coincidido en que no hubo ni error ni negligencia en la decisión de la Audiencia Nacional por dejar en libertad a Antonio Troitiño. Aseguran que los magistrados optaron por una interpretación legal, que el juez Guevara actuó ajustado a Derecho. Restar los años de prisión preventiva, del máximo legal de cárcel en España -lo que permitió la salida de Troitiño- es una vía contemplada por Tribunal Constitucional. De momento no se ha presentado ninguna queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz ha dicho que entiende "la alarma y el malestar" generado por el caso Troitiño y que el máximo órgano de los jueces actuará con suma prudencia.
