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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiende la mano a Donald Trump. Ha empezado liberando a unos presos estadounidenses y ofreciéndose a acoger a los deportados. Trump, de momento, no enseña todas sus cartas. El exilio venezolano le votó para que sacase a Maduro de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano, pero las sanciones chocan con los intereses petroleros.

Las detenciones diarias de migrantes sin papeles se han cuadruplicado en Estados Unidos. Incluso la ciudad más grande del país, Nueva York, que limita su colaboración en redadas federales, está participando en ellas. La Administración Trump ha demandado a Chicago por no hacer lo mismo, calificándola de "santuario para criminales"

Algunos creen que no les detendrán porque la prioridad del presidente son los delincuentes. Pero miles de arrestados simplemente no tienen papeles. Abigail se plantea qué haría con sus hijos estadounidenses si la deportan. Otra residente, Hannah Stickline, comenta cómo a las 6 de la mañana llamaron puerta por puerta. "Me pidieron que delatara a mis vecinos", asegura Hanna, quien también ha comentado que no llevaban orden judicial.

No solo los inmigrantes sin papeles viven con miedo, también los que están legalmente en el país gracias a una protección temporal. Ahora, Trump ha revocado a casi 350.000 venezolanos la extensión del permiso concedida por Biden justo antes de abandonar la Casa Blanca. Perderán el permiso de trabajo y se arriesgan a ser deportados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente llevar a cabo acciones contra Estados Unidos y aliados, como Israel. El contenido de estas órdenes no ha sido revelado, pero un funcionario de la Casa Blanca ha adelantado a EFE que una de ellas impondrá sanciones a dicho órgano de las Naciones Unidos.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y limitar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

El ministro de Defensa israelí prepara un plan que permita a la población abandonar la Franja y dice que países como España, Irlanda y Noruega "estarían legalmente obligados a acoger a los residentes de Gaza" tras "hacer acusaciones falsas contra Israel". El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, insiste en 'Las Mañanas de RNE' que la tierra de los palestinos es Gaza. "Gaza tiene que ser parte del futuro Estado palestino, como quiere España y la mayor parte de los países". El ministro reitera la solidaridad española con el pueblo palestino, pero advierte que "España toma sus decisiones soberanamente y ningún tercero le tiene que decir lo que hacer". Albares defiende que la política exterior española es coherente, que dice lo mismo en Ucrania y en Palestina, "sin dobles estándares, porque se trata de proteger a los civiles y el derecho internacional". "España está en la mesa de Bruselas para dejar claro que Europa, en su conjunto, apoya la solución de los dos Estados", ratifica.