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La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha estado en Las Mañanas de RNE y se ha pronunciado sobre la solicitud que la jueza de la dana ha hecho a la televisión pública À Punt, a Emergencias de la Generalitat y a la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre, para que aporten a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, grabado en ella. La magistrada ha pedido tres días de margen para recabar la información.

Sobre esto, Bernabé ha recordado que Ruiz Tobarra había solicitado hasta en "tres ocasiones" toda esta información y le ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que colabore con la justicia: "Lo primero que tiene que hacer es no manipular y dejar de hacerse el remolón a la hora de enviar toda la información que se le pide".

Pilar Bernabé ha resaltado que, desde el pasado 29 de octubre, día en que ocurrió la dana, "se ha jugado a reescribir el relato y la historia de lo que pasó". Sobre esta información, la delegada de la Comunitat Valenciana ha incidido en que "todos hemos intentado reescribir las responsabilidades" y, justo en ese punto, ha revelado que respecto a las competencias sobre algunos cauces, como el barranco del Poyo, llegaron a creer que pertenecían a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando la realidad es que no es así.

"Hemos sentido un poco de vergüenza por la televisión pública valenciana por no haber entregado esas imágenes al juzgado. Ya no hablamos de emitirlas, sino de entregarlas en el juzgado desde el minuto cero, porque había información relevante respecto de lo que pasó en el Cecopi", asegura en La Hora de La 1 Mariló Gradolí, presidenta de la asociación de víctimas de la dana '29 de octubre'.

"Gracias a Televisión Española que emitió esas imágenes hemos conocido el contenido, un contenido que nos habla de una consellera que miente, que sí que dictó el mensaje tarde y que ese mensaje hubiese podido salvar a muchísimas víctimas", recuerda Gradolí para la que once meses después le resulta inaudito que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no haya dimitido.

Granolí también denuncia una "investigación paralela" a la "verdadera investigación que se está realizando en el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja". Y anuncia que el martes, día 23, su asociación protestará a las puertas de Les Corts Valencianes para exigir la dimisión de Carlos Mazón.

La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha asegurado en una entrevista en el canal 24h que las diligencias preprocesales que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha autorizado abrir sobre los "gravísimos hechos" en la Franja de Gaza pretenden determinar si Israel ha cometido un delito de genocidio contra la población palestina ante "gravísimos hechos" que se están produciendo en "tiempo real" en Gaza generando un "material probatorio" con el que después se podría sustentar la responsabilidad de los autores ante la Corte Penal Internacional. Delgado ha afirmado que ve indicios de que el Ejército de Israel está cometiendo un delito de genocidio contra la población palestina. Foto: EFE.

Este 19 de septiembre se cumplen cuatro años desde que la erupción del volcán de La Palma arrasó más de 1.600 edificios y obligó a más de siete mil personas a ser realojadas. Esta catástrofe natural duró 85 días y afectó a 1.200 hectáreas. Actualmente, la isla se encuentra en pleno proceso de recuperación: unas cuatrocientas viviendas están en construcción, muchas familias han optado por la autoconstrucción y algunas personas afectadas viven en viviendas modulares. En 'Las Mañanas de RNE' hemos querido contar con el testimonio de Goretti Álvarez, afectada por la tragedia.

Su madre y su hermana mayor continúan viviendo en los contenedores que, en un primer momento, iban a ser provisionales, y que según ha contado la entrevistada "se supone que iba a ser bastante rápido y bueno, ya llevan tres años", lo que si se ha mostrado es esperanzadora porque ha añadido que según les han informado "ahora sí que en diez meses o así ya estarán realojadas".

Respecto a las ayudas que han recibido durante este tiempo ha explicado que: "según el discurso político que escuches, el dinero ha salido del Gobierno central", y ha asegurado que a los afectados no les ha llegado, porque las cuestiones internas son "horrorosas". "Después de nuestra desgracia han venido otras tantas", por lo que siente que se ha "diluido todo un poco, menos en los afectados", que ha apuntado que "nos seguimos buscando y la herida sigue tan abierta".

La Fiscalía va a investigar los posibles crímenes cometidos por Israel en Gaza. Unas diligencias autorizadas por el fiscal general del Estado a petición de la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado. El decreto que ha firmado García Ortiz faculta al Ministerio Público a colaborar en la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia para hacer efectivo el principio de cooperación internacional. En Las Mañanas de RNE lo explica la fiscal de sala, que insiste en su necesidad porque "hay crímenes tan horrendos que nos afectan a todos, afectan al universo". Se trata de un compromiso que ha asumido España al suscribir tratados internacionales, comenta, por lo que el país está "obligado" a colaborar con la Corte Penal Internacional porque este tribunal, dice, no cuenta con medios propios para desarrollar esta labor y por ello se apoya en los Estados. "Todo esto (la investigación) genera un material probatorio con el que después se puede sustentar la posible responsabilidad de aquellos que son autores de estos gravísimos hechos contra la humanidad", añade.

Aunque el fiscal acuerda que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda Delgado que, que este tribunal abra una investigación penal es más complicado porque la reforma de la jurisdicción internacional de 2014 limita esas investigaciones.

¿Quién decide si un ciudadano puede cobrar una ayuda social, por ejemplo el bono eléctrico? En esta era ya no es un funcionario el que determina si alguien cumple o no los requisitos. Es la inteligencia artificial a partir de algoritmos que no eran públicos hasta ahora.

Por primera vez una fundación ciudadana ha conseguido que el Estado abra las "tripas" de sus ordenadores, algo así como la caja negra de la Administración. A pesar de los fallos, piden no demonizar la inteligencia artificial, cada vez más habitual en esta era de la democracia digital. Esto supone un precedente que puede cambiar la relación entre la tecnología y los ciudadanos.

FOTO: GETTY IMAGES