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David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha declarado por segunda vez en calidad de investigado en los Juzgados de Badajoz, dentro del marco que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz. Asimismo, la jueza ha añadido al caso la adjudicación de un puesto de trabajo para Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, en la misma institución, hecho por el que investiga los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En una declaración que ha durado algo más de media hora, David Sánchez únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada y ha asegurado que no tuvo nada que ver con la contratación de Carrero. Según fuentes presentes, el hermano del presidente ha dicho que los correos electrónicos en los que hablaba de la plaza que terminó ocupando Carrero, y que ahora investiga la jueza, son un "malentendido".
Su abogada le ha preguntado de nuevo por la oficina de artes escénicas, a lo que Sánchez ha respondido que no era un lugar físico y que su puesto en la Diputación oficina “era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales, de artistas, promover producciones propias”.
También ha declarado este viernes como testigo Cristina de Frutos, una de las diez personas que fueron aspirantes a la plaza que finalmente ocupó David Sánchez, quien ha asegurado que cuando fue a entrevistarse, le dijeron que la plaza ya "estaba dada" al el hermano del presidente. Junto a esto, ha considerado que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección.
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David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha llegado este viernes caminando a los Juzgados de Badajoz para declarar por segunda vez en calidad de investigado, en el marco del caso que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz.
A diferencia de su primera declaración del pasado 9 de enero, cuando entró a los juzgados por el garaje en el asiento trasero de un coche, en esta ocasión Sánchez ha llegado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a pie. Además, lo ha hecho solo, ya que su abogado ha entrado con anterioridad.
Varios periodistas, cámaras y fotógrafos han esperado al hermano del presidente en la puerta de los juzgados para preguntarle por las sensaciones previas, aunque este no ha querido hacer ninguna declaración a su llegada.
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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí es “completamente legal” y ha defendido que existen “causas de nulidad” en la legislación internacional. Sin embargo, se ha mostrado convencida de que habrá un litigio: “Veremos quién gana”.
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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní, en un momento en que el Gobierno ha ordenado rescindir finalmente y de forma unilateral el contrato del Ministerio del Interior para la compra de balas a Israel, que ascendía a 6,6 millones de euros y que ha hecho temblar los cimientos de la coalición de Gobierno. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, no podemos comprar armas a Israel [...] Hay causas de nulidad de los contratos, lo que ha hecho el Gobierno es completamente legal", afirma la ministra de Trabajo.
Sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir, Díaz dice que ya han hecho lo que había que hacer: rectificar. "Este contrato fue un error, pero es evidente que el Gobierno de España está comprometido", insiste. Además, dice tener una "magnífica relación" con el ministro: "Es una persona extraordinaria, pero también tenemos discrepancias. El PSOE y Sumar no somos la misma formación", admite. También hace hincapié en lo que opina sobre este contrato con Israel: "No se puede comerciar con ningún país en estas características. El acuerdo del Gobierno está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento con Israel, no puedo ser más clara", concluye.
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