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La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación a escala nacional contra la economía sumergida entre distribuidores de productos chinos en toda España y realiza entradas y registros en más de sesenta naves de polígonos industriales de once comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud en la ciudad del mismo nombre. Más de 370 funcionarios están realizado estos registros y, en paralelo, llevan a cabo actuaciones inspectoras sobre varias decenas de sociedades y sobre algunos de los socios o administradores de dichas empresas, sospechosas de fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería José Ángel Postigo por un posible desvío de fondos públicos y privados. En la denominada Operación Hulla, en la que también son investigados los familiares más directos de ambos, participan el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha informado la Fiscalía, que prevé diversas detenciones.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, detenido por un presunto blanqueo de 15 millones de euros de derechos de la selección brasileña, al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

El titular de instrucción número 30 de Barcelona ha acordado enviar a juicio a los exdirectivos de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó, así como a otros 39 miembros del consejo de administración que aprobaron los sobresueldos de la cúpula de la entidad cuando esta padecía pérdidas y había sido intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). En un auto, el juez ha impuesto además una fianza de 9,5 millones de euros a los exdirectivos: el magistrado instructor obliga a los encausados a pagar solidariamente una fianza de 2,5 millones al FROB y otros 7 millones a favor de Catalunya Caixa, en previsión de las indemnizaciones que pudieran ser condenados a abonar.