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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto en el que decretó el ingreso en prisión incondicional del exbanquero Mario Conde que se ha podido constatar que el antiguo presidente de Banesto repatrió entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones. Alejandra Conde, a la que ha impuesto arresto domiciliario, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez. Gracias a la ocultación de su patrimonio mediante varias sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, "Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias" procedentes de los delitos por los que fue condenado en las causas Argentia Trust y Banesto.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto (ver. PDF) en el que decretó el ingreso en prisión incondicional del exbanquero Mario Conde que hay indicios de que el antiguo presidente de Banesto repatrió entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto. Aunque su abogado considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Alejandra Conde, según el magistrado, coordinaba con su padre la operativa. En los registros los agentes encontraron un gráfico en el que detalla el dinero que entró en ese entramado societario entre los años 2004 y 2015. Para ella Pedraz ha dispuesto la medida cautelar de arresto domiciliario.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto Mario Conde y para su abogado Francisco Javier de la Vega, mientras que ha decretado el arresto domiciliario de su hija, Alejandra Conde, en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar, al menos, 13 millones de euros procedentes del caso Banesto.

Enmarañar es la clave: despistar para ocultar a través de métodos diversos. Primero hay que sacar de España el capital de origen dudoso, algo más fácil hace años, cuando lo hizo Conde, según apunta la investigación. Una vez fuera, una opción es crear sociedades radicadas en el extranjero con testaferros al frente para que, a la hora de repatriar los fondos, lleguen vinculados a esos hombres de paja.

Una de las principales empresas de la trama intentó hacer una transferencia de 600.000 euros desde Suiza a La Caixa. La entidad habría preguntado por la procedencia del dinero y al no obtener una respuesta satisfactoria la rechazó. La detención de Mario Conde se precipita por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción hace dos semanas contra el exbanquero y otras 14 personas de su entorno tras recibir un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales de septiembre de 2014.

Con Juan Abelló y las operaciones de sus laboratorios dio el salto al sector financiero tras la compra de una participación en el capital de Banesto. En 1987 fue nombrado presidente del banco. Banesto fue intervenido por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993, después de que el supervisor descubriera un agujero patrimonial que entonces cuantificó en más de 600.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 3.600 millones de euros. En el año 2000, y tras dos años de juicio, Mario Conde fue condenado a 10 años por la Audiencia Nacional por apropiación indebida, estafa y falsedad documental durante su gestión al frente de esa entidad bancaria. Esa pena fue elevada a 20 años de prisión en 2002 por el Tribunal Supremo.