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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha desvinculado al Gobierno del próximo nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España (REE) y ha indicado que se trata de una decisión de la propia empresa, en la que no ha intervenido ni el Ejecutivo ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público en el que se encuadra REE.

Montoro, que ha contestado a una pregunta del diputado de En Marea Antonio Gómez-Reino, afirmó que el nombramiento se hará en su momento en la junta directiva de REE y que seguirá el procedimiento que siguen todos los nombramientos de consejeros independientes de la compañía, "que es la que determina el perfil profesional del consejero a nombrar".

"Ni corresponde al Gobierno ni a la SEPI, es la propia compañía la que determina la idoneidad de un candidato", reiteró Montoro, quien pidió "respeto" por Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, y rechazó las "descalificaciones" a personas que han ejercido "máximas responsabilidades" en la democracia española.

El consejo de administración de la compañía, en la que el Estado controla un 20% del accionariado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunció a finales de enero de la designación como consejero independiente del que fuera director general de la Guardia Civil durante la pasada legislatura. La designación, que deberá ser ratificada por la Junta General de Accionistas, ha levantado una gran polvareda, habida cuenta de que este nuevo caso de 'puerta giratoria' se conoció días después del fuerte aumento del precio de la electricidad en plena ola de frío y días antes de que se aprobara el decreto ley del bono social.

Antón Gómez-Reino ha criticado el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil por ser "amigo del jefe", en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por su desconocimiento en materia de energía. "Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias" y ha denunciado que se trata de un "pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien. Es lo que llamamos la ley de omertà del PP". "Para las familias, pobreza, para los amigos del PP, opulencia". "Corrupción 'nunca mais", reiteró.

Montoro reprochó a Unidos Podemos que equiparen ser director de la Guardia Civil con la corrupción y pidió "respeto" por las personas que han ejercido cargos públicos. "Respeto, qué gran palabra para la democracia, pero a algunos de ustedes lo del respeto no les va", indicó el ministro, tras pedir no hacer "descalificaciones genéricas" a personas que han ejercido "máximas responsabilidades".

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anticipado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tendrán que ser "exigentes", al tener que rebajar el déficit 16.000 millones en el año "más difícil". Montoro ha afirmado en su comparecenca en la Comisión de Hacieda del Congreso que el crecimiento económico actual es "sano y saludable" pero ha incidido en que el reto para esta legislatura es reducir los niveles de deuda pública, "que hoy mantiene un nivel muy alto".

El Gobierno ha aprobado este viernes una subida de los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol para recaudar 150 millones de euros adicionales más. La fiscalidad de las bebidas de alta graduación -la cerveza y el vino quedan excluidos- subirá un 5%, la de los cigarrillos un 2,5% y un 6,8% la de la picadura de liar. El Ejecutivo ha aprobado también un nuevo gravamen para las bebidas azucaradas con el que pretende recaudar otros 200 millones.

  • Pretende recaudar 4.800 millones, de los que 4.650 proceden de Sociedades
  • Sube un 5% el impuesto del alcohol de alta graduación y un 2,5% el de cigarrillos
  • Aprueba medidas para controlar tributos y luchar contra el fraude fiscal
  • El Ejecutivo, entre otras decisiones, limita el pago en efectivo a 1.000 euros
  • Estima que recaudará 7.000 millones de euros adicionales con todas las medidas

118.337 millones de euros. Ése es el tope de gasto del que partirá el Gobierno para elaborar las nuevas cuentas públicas. Son 5.057 millones menos de lo que se aprobó para este año. Dinero que sale de los 2.000 millones ahorrados por los menores intereses de la deuda; de otros 2.000 por el acuerdo de no disponibilidad de gasto y de los 1.000 millones conseguidos porque se adelantó a julio el cierre del Presupuesto.

El Ministerio de Empleo llevará este viernes al Consejo de Ministros un incremento del 3% en las bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social lo que supondrá 300 o 310 millones de euros de recaudación. En rueda de prensa en el Ministerio de Empleo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha explicado que con este aumento "discreto" se trata de ajustar progresivamente el esfuerzo de cotización a la pensión recibida y ha recordado que las bases máximas del sistema han ido evolucionando por debajo del IPC a lo largo de las últimas décadas.

Luis de Guindos continúa al frente de Economía y Competitividad pero desde ahora su cartera incluye Industria, que ya asumió en abril, en funciones, tras la dimisión de José Manuel Soria. Rajoy mantiene también a Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda y Función Pública, no de Administraciones Públicas, como hasta ahora, con el nuevo sistema de financiación autonómica como asunto pendiente y capital.

También repite la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Entre sus principales retos, introducir cambios que hagan sostenible el sistema de pensiones.

Desde este miércoles, según órden ministerial aparecida en el BOE, el estado no puede gastar más de lo que ya tenía presupuestado. El gobierno en funciones decidió adelantar el cierre de las cuentas del año 2016 al mes de julio, para ahorrar alrededor de 1.000 millones de euros. Esta es una de las alegaciones, de las medidas comprometidas ante Bruselas, para tratar de evitar la multa por déficit excesivo. Una cuestión que está siendo debatida por la Comisión Europea esta mañana (20/07/16).

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha aprobado el techo de déficit autonómico para 2016, que se sitúa en el 0,7%, con el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP, el rechazo de Cataluña, Valencia y Baleares y la abstención del resto. Así lo han explicado algunos de estos consejeros al término de la reunión, en la que se también se ha aprobado la senda de reducción del déficit para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Dicha senda contempla que el déficit se reduzca hasta el 0,5% en 2017, hasta el 0,3% en 2018 y que se alcance el equilibrio presupuestario en 2019. A lo que se han opuesto todas las autonomías socialistas además de Cataluña, se ha abstenido Canarias y han votado a favor las comunidades presididas por el PP.