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Desde este miércoles, según órden ministerial aparecida en el BOE, el estado no puede gastar más de lo que ya tenía presupuestado. El gobierno en funciones decidió adelantar el cierre de las cuentas del año 2016 al mes de julio, para ahorrar alrededor de 1.000 millones de euros. Esta es una de las alegaciones, de las medidas comprometidas ante Bruselas, para tratar de evitar la multa por déficit excesivo. Una cuestión que está siendo debatida por la Comisión Europea esta mañana (20/07/16).

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha aprobado el techo de déficit autonómico para 2016, que se sitúa en el 0,7%, con el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP, el rechazo de Cataluña, Valencia y Baleares y la abstención del resto. Así lo han explicado algunos de estos consejeros al término de la reunión, en la que se también se ha aprobado la senda de reducción del déficit para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Dicha senda contempla que el déficit se reduzca hasta el 0,5% en 2017, hasta el 0,3% en 2018 y que se alcance el equilibrio presupuestario en 2019. A lo que se han opuesto todas las autonomías socialistas además de Cataluña, se ha abstenido Canarias y han votado a favor las comunidades presididas por el PP.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha estado marcada por la exigencia del Gobierno central a 12 comunidades autónomas para que limiten su gasto tras haber incumplido éstas con el objetivo de déficit para el año 2015 y la negativa de la mayoría de las regiones a realizar más recortes. En el encuentro con los consejeros de Economía, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a las comunidades celebrar reuniones bilaterales para estudiar cómo avanza cada autonomía en el objetivo de déficit, que casi todas ven difícil de cumplir. Por su parte, las comunidades han hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. En este sentido, el ministro les ha explicado que el Gobierno ha aprobado la creación de un comité de expertos para empezar a trabajar en su revisión.

  • Montoro propone reuniones bilaterales para ver cómo avanzan en el objetivo de déficit
  • Las comunidades insisten en la necesidad de reformar el sistema de financiación
  • Las regiones piden que se les flexibilice el objetivo de déficit para este año
  • Montoro dice que al recortar el Gobierno se carga de razón frente a las CCAA
  • Montoro dice que está por confirmar que Soria haya incurrido en esa práctica
  • Pide a los medios que entreguen Los Papeles de Panamá a las autoridades
  • "El racionamiento (de información) puede provocar levantamiento de bienes"
  • Preguntado por la multa a Aznar, reitera que no puede hablar de contribuyentes
  • Montoro rechaza ir al Congreso por Los Papeles de Panamá

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha afirmado este viernes que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Así lo ha asegurado horas después de José Manuel Soria presentara su renuncia después de las informaciones que le vinculan con paraísos fiscales y por los "errores" en sus explicaciones tras aparecer en Los Papeles de Panamá. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha puntualizado que está por confirmar que su excompañero haya incurrido en esas prácticas. En su caso se está hablando de "suposiciones", ha subrayado el titular de Hacienda en funciones quien, no obstante, ha dejado claro que aquel contra quien haya "indicios legítimos de sospecha" no puede estar en un gobierno.

El Gobierno ha revisado a la baja la cifra de déficit público con la que España cerró el año 2015. Si hace una semana aseguraba que era del 5,16%, este jueves el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha señalado que "fue del 5%" -sin ayudas a la banca- y del 5,08% si se tienen en cuenta estas ayudas al sector financiero. El motivo de la reducción del déficit, según ha detallado en el Congreso el titular de Hacienda, es un nuevo criterio de Eurostat sobre los ingresos por la utilización del espacio radioeléctrico entre 2010 y 2015 y que afecta a todos los países de la UE. Para la oficina estadística europea, estas cantidades se deben contabilizar cuando se materialicen las operaciones. En el caso de España, eso supone anotar en las cuentas del año pasado un impacto positivo de 1.600 millones de euros, lo que hace que rebaje el déficit público.

  • Por un cambio en el cómputo de ingresos por el uso del espacio radioeléctrico
  • Así lo ha dicho Montoro, primer ministro en funciones en comparecer en el Congreso
  • El PSOE acusa al Gobierno de querer "recortar el Estado de Bienestar"
  • Podemos dice que ha hecho un uso "electoralista y partidista" del déficit
  • Ciudadanos le reprocha que no haya sido capaz de controlar el gasto autonómico
  • Los nacionalistas advierten de que las autonomías no pueden recortar más

Las comunidades autónomas responden al ministro de Hacienda. Los líderes regionales reaccionan a las palabras de Montoro, que ayer las señaló como principales responsables de la desviación en casi un punto del objetivo de déficit pactado con Bruselas. El president catalán considera "inaceptable" que culpe a las autonomías cuando la desviación del Estado, a su juicio, duplica la de las CC.AA. Aragón reclama más financiación y Cantabria pide que se renegocie en Bruselas.

España cerró el año 2015 con un déficit público de 55.755 millones de euros, equivalente al 5,16% del PIB, según ha anunciado este jueves el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, quien ha responsabilizado "principalmente" a las comunidades autónomas del desvío en casi un punto del objetivo del 4,2% fijado por Bruselas que supone más de 10.650 millones de euros.

  • La Comisión Europea había fijado un objetivo para 2015 del 4,2% del PIB
  • La cifra de déficit público no incluye las ayudas a la banca del pasado año
  • Montoro señala a las autonomías como las responsables del desvío
  • Anuncia la aplicación de la ley de estabilidad financiera a las incumplidoras
  • Bruselas muestra su "gran sorpresa" y pide al Gobierno que "reaccione"
  • El Gobierno defendió hasta febrero que cumpliría con sus compromisos

El año acabó con un desequilibrio entre los ingresos y los gastos de 56.600 millones de euros. El déficit es del 5,16% del Producto Interior Bruto cuando el objetivo estaba en el 4,2%. El ministro de Hacienda ha responsabilizado a las Comunidades Autónomas. Su desvío ha sido de casi un punto ya que finalizaron con un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% pactado. Por este motivo, Montoro ha anunciado que -siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europeael Gobierno ha decidido aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y "exigir el cumplimiento estricto" de la 'regla de gasto' -la obligación de no gastar más de lo que se ingresa- a las incumplidoras, todas salvo Canarias, Galicia y País Vasco. Estas tres regiones demuestran "que el objetivo era ambicioso, pero posible".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha explicado que el déficit público de 2015 fue del 5,16% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma se ha reducido respecto a 2014, cuando fue del 5,8%, pero esa bajada es "insuficiente para cumplir con nuestros compromisos europeos". De hecho, la cifra es casi un punto superior a la fijada por Bruselas, que era del 4,2%.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2016, que incluye 13.427 nuevas plazas, el 62% más que en 2015, y 5.594 plazas de promoción interna, que suponen un incremento del 20,2%. El ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado que 6.057 vacantes se cubrirán en la Administración General del Estado, algo menos de las plazas avanzadas y que no llegan a cubrir las 7.318 bajas producidas en la AGE, lo que supone una pérdida de empleo de más de 1.000 puestos de trabajo. Además, la convocatoria incluye 1.820 plazas para la Administración de Justicia y 250 para los funcionarios de la Administración Local. Una parte importante de la oferta de empleo se dedica a reforzar la seguridad, así la Policía contará con 2.740 nuevos agentes, la Guardia Civil, con 1.799, y las Fuerzas Armadas, con 761 efectivos.