El Consejo de Ministros ha aprobado prolongar hasta el 30 de septiembre las medidas que entraron en vigor hace unos meses para paliar los efectos del estado de alarma en las familias con menos recursos. Por ejemplo, los inquilinos podrán prolongar sus contratos de alquiler seis meses en las mismas condiciones y quien no pueda pagar su hipoteca o la letra de un crédito podrán solicitar una moratoria. Algo que, según el Gobierno, ya han hecho 200.000 personas en el caso de las hipotecas y más de 300.000 en el caso de otros préstamos. También se prolonga la posibilidad de acceder al bono social y la garantía de suministros básicos como la luz, el agua y el gas.
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