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Los ministros de Economía de la zona euro podrían dar luz verde este lunes al segundo plan de rescate a Grecia, valorado en 130.000 millones de euros a los que hay que sumar otros 100.000 millones procedentes de la condonación de la deuda aceptada por los acreedores privados. La ayuda es fundamental para Atenas, que sin ella se declararía en quiebra en marzo. El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, ha reconocido que aún se discuten cuestiones técnicas sobre el rescate, pero apuesta por un acuerdo. "Esperamos que el largo período de incertidumbre acabe hoy", ha dicho Venizelos, en un comunicado recogido por la agencia Reuters. "El pueblo griego ha enviado a Europa el mensaje de ha hecho, y hará, los sacrificios necesarios para que nuestro país recupere su posición de igualdad en la familia europea", ha afirmado. Entre esas cuestiones técnicas apuntadas por Venizelos están la implicación del Banco Central Europeo (BCE) en la operación; el control europeo sobre las cuentas helenas; la aportación al rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), después de que The Wall Street Journal informara de que solo quiere contribuir con 13.000 millones; los intereses que se cobran a Grecia por los préstamos que ha recibido desde mayo de 2010; y la posibilidad de que los bancos nacionales asuman las mismas pérdidas que el sector privado.

Mientras la ministra de Trabajo italiana, Elsa Fornero, se reúne con los sindicatos para abordar la reforma del mercado laboral, los contratos y la modificación de las prestaciones por desempleo, el Ejecutivo de Mario Monti en bloque planea un recorte en la presión fiscal para las rentas más bajas. El viernes que viene, el Consejo de Ministros transalpino debatirá la posibilidad de rebajar del 23 al 20% la primera base del IRPF. Los cálculos son que, solo la mitad de los 11.000 millones de euros recaudados en la lucha para la evasión compensan la reducción de impuestos a los italianos honestos y de rentas modestas. Es una manera de aliviar también a los bolsillos más estrechos cuando estamos a unos pocos meses de un nuevo aumento del IVA anunciado para verano.

El próximo 8 de marzo el Congreso de los Diputados convalidará la reforma laboral que aprobó el Gobierno el pasado día 10. La oposición espera que, en ese trámite parlamentario, el polémico decreto pueda incorporar modificaciones. En cualquier caso, ocho días después de su aprobación en Consejo de Ministros, esta reforma continúa centrando el debate político y social. Desde el apoyo unánime de las organizaciones de autónomos y la patronal, a las acusaciones de los sindicatos que consideran que abarata el despido, recorta derechos y, en algunos de sus puntos, puede ser inconstitucional. Informe Semanal analiza esta reforma escuchando a trabajadores y empresarios, a quienes van a perder su puesto de trabajo y a quienes pueden ser contratados en breve

En el largo tiempo que ya dura la crisis, les hemos contado todo tipo de subastas de empresas que habían suspendido pagos, lo que ahora se llama concurso de acreedores. Pero nunca hasta ahora habíamos visto subastar avionetas. Pues ha ocurrido en Madrid, donde ha cerrado una escuela de vuelo.

Los sindicatos han abandonado la mesa de negociación tras conocer el anuncio de recorte del salario de los funcionarios. La Generalitat descontará de la paga de junio de cada empleado el equivalente al 3% de su retribución anual. Uno de los colectivos más afectados son los interinos que verán como este 3% se suma a la rebaja del 15% que ya se les aplica de jornada y sueldo

El Consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto para rebajar y equiparar los sueldos de los directivos y responsables de las empresas públicas. El máximo de la retribución básica en el caso de las más grandes será de 105.000 euros. Esto supone un recorte de entre un 25 y un 35% y se eliminan las retribuciones en especies. Además se establece un número máximo de consejeros lo que conllevará la salida de unos 100. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que la decisión responde a la necesidad de austeridad y ha dicho que el Gobierno quiere que haya transparencia y se equipare la situación en las distintas empresas.