arriba Ir arriba

El portavoz de la OCU, Enrique García, denuncia como "bochornosa" la decisión del Tribunal Supremo que obliga a los hipotecados a asumir un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados. Critica que la Sala ha rectificado una sentencia en un tiempo récord de 21 días y que este cambio de criterio supone inseguridad jurídica. Avanza que es probable que el Tribunal de Justicia de la UE rectifique la decisión del TS. García señala que si el artículo 68 del reglamento tributario era nulo el 16 de octubre ahora también debería serlo y considera que la Justicia sufre "falta de credibilidad" por situaciones como esta. La OCU pide que se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados y que se corrijan los abusos en una nueva ley hipotecaria.

A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.

Ryanair aplica ya su nueva política de equipaje de mano a bordo de la cabina que implicará el cobro por bultos de hasta diez kilos. El objetivo, asegura, es disminuir retrasos vinculados al embarque. La aerolínea irlandesa de bajo coste permite a los pasajeros llevar una "pequeña bolsa personal" a bordo, que podrán colocar bajo el asiento de delante, pero solo los clientes que adquieran su billete como priority podrán transportar también una maleta de hasta diez kilos. Italia ha ordenado provisionalmente la suspensión de esta medida.

Los principales bancos continúan con la firma de hipotecas, préstamos en los que se sigue aplicando el criterio establecido antes de que se hiciera pública la sentencia del pasado jueves del Tribunal Supremo, según fuentes financieras consultadas por RTVE.es. "Si alguien tiene ahora mismo que firmar una hipoteca se va a encontrar con que va a tener que pagar el impuesto. El viernes las entidades lo paralizaron pero hoy, ante la incertidumbre, han decidido cobrarlo", ha asegurado Patricia Suárez, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en el Canal 24 de TVE. "Luego, probablemente, dependiendo de lo que diga el Supremo, lo podrán recuperar o no", ha aseverado Suárez, para quien todo el mundo que haya firmado una hipoteca va a poder reclamar de forma retroactiva porque "la cláusula es abusiva". "Queremos que la cláusula sea declarada abusiva y la abusividad no prescribe", ha señalado antes de recordar lo ocurrido con las cláusulas suelo.