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Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Alvarez, han presentado en el Congreso más de 700.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de conseguir una renta mínima de 426 euros para dos millones de familias sin recursos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Toxo y Alvarez han aclarado que la prestación sería compatible con otras que ofrecern las comunidades autónomas o los ayuntamientos y denuncian las "lagunas" de protección social en España, que ha caído a "mínimos históricos", de forma que menos de una de cada dos personas en desempleo percibe algún tipo de prestación económica en la actualidad. A esto se suma "el paro de larga duración, la ausencia de perspectivas de empleos para la gente más joven, de mediana edad y mayor". Esta renta se configuraría como un derecho subjetivo, estaría financiada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado y el presupuesto anual necesario serían unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CC.OO. para cursos de formación. Según ha informado la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos". Estos hechos, indica, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía.

CCOO y UGT han aprovechado el acto del 1 de mayo en Madrid para pedir a los ciudadanos que voten para conseguir que en las próximas elecciones triunfe un Gobierno de cambio que lleve en la agenda política las reivindicaciones de los sindicatos para un trabajo digno y el fin de la pobreza salarial.

Los secretarios generales de los sindicatos CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han lamentado este domingo la falta de acuerdo entre los partidos de izquierda para formar una coalición de gobierno. Con motivo de la celebración del Primero de Mayo, Día del Trabajo, los sindicatos han reivindicado mejoras en las condiciones y derechos de los trabajadores.

Los sindicatos mayoritarios han valorado de forma negativa la EPA del primer trimestre del año. Así, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que los datos son malos "sin paliativos" y ha expresado su preocupación porque la tendencia de fondo que refleja la Encuesta de Población Activa es un mercado laboral muy ligado a la estacionalidad en el que todo el empleo que se genera en el cuarto trimestre se destruye después en el primero. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido en declaraciones en el Congreso, que "si no se toman medidas, sobre todo en el sector industrial, y no se pone un plan de Empleo sobre la mesa continuaremos con una EPA que un día da media alegría y otro media tristeza".
 

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, cree que cada vez estamos más cerca de la convocatoria de nuevas elecciones y opina que el único acuerdo posible es un Gobierno de centro-izquierda integrado por, al menos, tres partidos.

El dirigente sindical también asegura que lo sabido tras la filtración de Los papeles de Panamá es inmoral, aunque dice no extrañarle, y denuncia que si el G20 no actuó en su día fue porque había primeros ministros implicados. "Es una indecencia, pero lo sabíamos, y sobre todo lo sabía quien tenía que tomar decisiones. Yo recuerdo todavía la cumbre del G20 en Londres, era el año 2008, donde tomaron la decisión de erradicar los paraísos fiscales. No se hizo absolutamente nada. Ahora ya sabemos por qué", argumenta.

Toxo denuncia que el Gobierno en funciones no ha consultado con los sindicatos y la patronal para elaborar el plan nacional de reformas, que tiene que remitir a la Comisión Europea antes de final de mes. Por ello, han remitido una carta al Gobierno para pedir esa consulta preceptiva, si bien aún no han obtenido respuesta. En todo caso, reconoció que "no sería la primera vez" que el gabinete de Rajoy no aborda con ellos ese plan, aunque quiso dejar claro que "sería una anomalía, porque está obligado" a hacerlo. (08/04/16).