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La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado fianzas civiles para los imputados por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid que están declarando este lunes como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En concreto, el fiscal solicita el equivalente a lo que cada uno gastó más el tercio adicional que contempla la ley. 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los otros 78 usuarios de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y ha llamado a declarar el próximo febrero a 27 consejeros por un delito de administración desleal y apropiación indebida.

Los dos peritos independientes designados por el Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los informes en los que apuntaban que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y los accionistas minoritarios, al tiempo que han apuntado que el deterioro de los estados financieros del banco no puede achacarse a la crisis económica, como defendieron los exdirectivos de la entidad presidida por Rodrigo Rato. Los expertos han defendido que el Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, habría entrado "en causa de disolución" si hubiera reconocido el "deterioro contable" que habría provocado en sus balances el descuento en el precio de la acción en su salida a Bolsa, que se cifró en 3,75 euros tras una rebaja del 74% con respecto a su valor en libros.

El juez que investiga a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa ha dado por concluida la instrucción y ha dejado a un paso del juicio a los exdirectivos Narcís Serra y Adolf Todó, al entender que se aprobaron sobresueldos "en perjuicio y desprecio" de los intereses generales y de la entidad bancaria. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantiene imputados a Serra y Todó, junto a una cuarentena de miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron las remuneraciones extras, por un delito de administración desleal.