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En Chipre se ha retrasado hasta mañana la votación de los nuevos impuestos para los depósitos bancarios. El Gobierno del país dispone de más tiempo para conseguir mejores condiciones para los pequeños ahorradores y también para lograr más apoyos al acuerdo.

  • El fallo considera que la ley de desahucios no protege al consumidor
  • Los jueces podrán ahora parar un desahucio si aprecian cláusulas abusivas
  • El Gobierno español ya ha anunciado que modificará la ley para adaptarla

El Tribunal de Justicia de la UE menciona tres cláusulas abusivas en su sentencia: la primera es el vencimiento anticipado (con la ley actual el impago de una sola cuota permite a la entidad reclamar el total de la deuda); la segunda es el interés de demora (no se podrá exigir cuatro o cinco veces más que el precio oficial del dinero); y la tercera, que la entidad no pueda fijar de manera unilateral la deuda que resta por pagar.

Soraya Sáenz de Santamaría anuncia que ya se ha creado un grupo de trabajo para adaptar la sentencia de Luxemburgo sobre los desahucios a la legislación española. El gobierno limita los intereses de demora y se necesitan 3 impagos para el desahucio.

La portavoz de Geroa Bai en el Congreso, Uxue Barcos, ha denuncia en el programa de TVE de 'La noche en 24 horas' que "los intereses de demora que aplican los bancos son pura usura. Y por lo tanto, si somos capaces de adelantarnos a la directiva europea en previo, pero en este momento lo que ha habido es un tirón de orejas severísimo a la legislación española.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), Ada Colau, ha afirmado este jueves que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la normativa española de desahucios al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los desahucios que están en curso".Considera el tribunal europeo que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha sentenciado que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores. "La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión". La Corte con sede en Luxemburgo aboga porque el magistrado pueda adoptar medidas cautelares "cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".

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A finales de la semana pasada, los cardenales congregados en Roma examinaron la situación económica de la Santa Sede, unas finanzas controvertidas casi siempre y ahora bajo investigación judicial por supuesto blanqueo de dinero. Bajo sospecha, otra vez, el Instituto para las Obras de la Religión. Es decir, el Banco del Vaticano, que no es un banco al uso. Por ejemplo, no tiene sucursales ni supervisores externos y no hace pública su cuenta de resultados. 

Se calcula que gestiona un capital de unos 5.000 millones de euros y que tiene más de 30.000 cuentas. Solo pueden abrirlas los institutos y congregaciones religiosas, los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede y seglares que dediquen parte de su dienro a obras religiosas. Y su identidad se guarda celosamente, casi tanto como las cifras de las cuentas vaticanas. Pocas salen a la luz como el balance de la Santa Sede, que se presenta desde hace solo tres décadas. El último es de 2011 y arrojaba unas pérdidas de casi 15 millones de euros atribuidas a las "fluctuaciones de los mercados financieros". Mejor le fue a la Ciudad del Vaticano, que ganó 22 millones de euros gracias, sobre todo, a los ingresos de los Museos vaticanos y las donaciones de los fieles. 

Cuando estalló el llamado 'caso Vatileaks' que salpica al Banco Vaticano, Benedicto XVI se propuso mejorar su transparencia financiera. Aprobó una ley contra el lavado de dinero y creó un organismo para vigilar las actividades comerciales y monetarias. También intentó, sin éxito, entrar en la lista blanca de países del Consejo de Europa. Según su último informe, del pasado mes de julio, el Estado Vaticano solo cumplía 9 de las 16 recomendaciones contra el blanqueo.