En el caso del supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del Partido Popular, de su tesorera y de varios asesores legales por delitos de daños informáticos y encubrimiento.
En la Audiencia Nacional, ha comenzado el primer juicio por la trama Púnica, en el que se investiga en primer lugar un supuesto chivatazo de dos guardias civiles a Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, al que avisaron de que estaba siendo investigado.
Los ocho exmiembros del Gobierno catalán que permanecen en prisión estudian declarar ante la Justicia de forma expresa que van a actuar dentro del marco constitucional -para así demostrar que el riesgo de reiteración delictiva se ha minimizado- y recuperar su libertad. Según cuentan a RNE fuentes de sus defensas, los abogados buscan una estrategia común, como la que siguieron los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, si bien hay aún diferencias.
Algunos letrados creen que los exconsellers deben pedir cuanto antes a la juez que les envió a prisión, Carmen Lamela, que les cite a declarar. Sin embargo, otros consideran más conveniente a que el Tribunal Supremo asuma la causa de la Audiencia Nacional como solicitó este viernes el abogado Carme Forcadell, Andreu Van Den Eynde, el mismo que representa a Oriol Junqueras, Dolors Bassa (ambos de ERC) y a Raül Romeva.
Según fuentes fiscales consultadas por RNE, el Ministerio Público valorará si suaviza su criterio y solicita otras medidas que permitan a los ocho exmiembros del Gobierno catalán salir de prisión. La Fiscalía advierte que la posición de los exmiembros del Govern debe quedar suficientemente acreditada: no es lo mismo un arrepentimiento instrumental, con el único fin de salir de prisión, que mostrar esa actitud desde el inicio del procedimiento.
