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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado orden de busca y captura contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de la Generalitat que no se presentaron ayer a declarar en Madrid. Y apoya su solicitud en los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. En su auto, la magistrada asegura que el expresidente Puigdemont de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios y asociaciones civiles independentistas como la ANC y Òmniun Cultural unieron voluntades para llevar a cabo un referéndum de inpendencia para lograr la secesión de Cataluña del resto de España.

  • La magistrada Carmen Lamela emite una eurooden y la remite a la fiscalía belga
  • La juez les imputa rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia
  • Dicta, además, una orden de busca y captura nacional e internacional
  • Les acusa de alentar un movimiento de "insurrección activa" [Ver auto]
  • La fiscalía belga confirma que ha recibido ya las euroordenes y que las "estudiará"

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila ha salido este viernes de la cárcel madrileña de Estremera tras pagar la fianza de 50.000 euros que le exigió la juez Carmen Lamela para eludir la prisión, en el marco de la causa en que le investiga por rebelión, sedición y malversación.

Vila es el único de los nueve exmiembros del Govern a los que este jueves tomó declaración la magistrada que ha podido abandonar la cárcel, ya que al resto les envió a prisión incondicional tras citarles por rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista de Cataluña.

  • La jueza detalla el "reparto de papeles" entre Govern, Parlament y asociaciones
  • El auto destaca las actuaciones encaminadas a la independencia desde 2015
  • Explica cómo el Govern trató de dar una "aparente cobertura normativa"
  • Habla de fomento de un "sentimiento de rechazo" hacia el Estado español
  • Según la juez, el Govern destinó fondos públicos a la organización del 1-O

Desde el PDeCAT, su coordinadora general, Marta Pascal, ha criticado la decisión de la juez Carmen Lamela y ha pedido la libertad de los exconsejeros encarcelados. Y desde ERC, Marta Rovira asegura que el Estado de derecho "es un Estado fallido, quebrantado", que "persigue a los independentistas pero mañana va a perseguir a todos los que según ellos no piensan lo que se debe pensar".

La juez ha enviado a la cárcel sin fianza al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a otros siete exconsejeros del gobierno catalán, que ha declarado este jueves como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación, mientras que ha puesto una fianza de 50.000 euros al exconsejero Santi Vila para poder salir de la cárcel.

 La juez estudia decretar que se emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), que están en Bélgica, a fin de que se les ponga a disposición de la justicia española, ya que no se han presentado en la Audiencia Nacional, donde estaban también citados.

  • El expresidente catalán está en Bruselas con Comín, Ponsatí, Puig y Serret
  • El fiscal pide a la juez que dicte sendas ordenes europeas de detención
  • Los cinco estaban citados como imputados para declarar en la Audiencia
  • El fiscal: han hecho "caso omiso" a los intentos de comunicarles la citación
  • La magistrada aplaza la decisión al estar de guardia y tener otros casos
  • Lamela sí decreta prisión sin fianza para Junqueras y siete exconsellers

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a Mariano Rajoy que "dé los pasos necesarios para frenar esta espiral represiva" y ha instado "la inmediata libertad" del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers cesados y de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En una declaración institucional, la alcaldesa ha tildado el encarcelamiento del exvicepresidente y los exconsellers cesados de la Generalitat de "despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas y un gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos arroja a la pendiente resbaladiza del autoritarismo".

"La relación entre España y Cataluña se tiene que resolver con las urnas y no con la prisión", ha postulado Colau, que ha denunciado "la deriva autoritaria del Estado".

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de cinco de los exconsellers del Govern catalán que van a prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, ha afirmado que no se dan ninguno de los tres delitos que la Fiscalía plantea imputar a sus clientes, que no se ha gastado ni un solo euro de dinero público en el referéndum del 1-O y que existe un certificado de Intervención de la Generalitat que así lo avala.

Ha aprovechado el micrófono de TVE para lanzar a los ciudadanos catalanes, de parte de sus clientes, el mensaje "explícito" de un llamamiento a la calma. "Sigamos manteniendo el clima reivindicativo, pero de tranqulidad, festivo y pacífico que hemos mantenido durante todos estos años y que no demos ninguna excusa que pueda permitir que haya actos de violencia o de una mayor represión".

Pau Molins, abogado del exconseller Santi Vila, considera "inverosímil" y un "gravísimo error" que se pueda equiparar un acto inconstitucional o ilegal con la consumación de un delito de rebelión ni de sedición, porque "no se da el elemento nuclear del tipo, que es que se haya producido un alzamiento público y violento", porque el proceso independentista se ha caracterizado por sus "manifestaciones pacíficas" y sin violencia por parte de la Generalitat. 

El abogado cree que en el caso de Santi Vila, para el que ha decretado prisión preventiva eludible bajo fianza de 50.000 euros, era "imposible" que se pudiera reunir tal cantidad en efectivo en tan poco plazo de tiempo desde que fue citado y mediando un día festivo.