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Según la ONU, siete de cada diez mujeres sufre algún episodio de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Crímenes de honor, matrimonios forzosos, mutilación genital, violaciones. Todas estas agresiones son recogidas en Eva encadenada, violencia sexual contra las mujeres en el mundo, un libro publicado por la Editorial San Pablo, que firma nuestra compañera Marta Gómez.

Las denuncias superarían el centenar, afectando a soldados de Francia, Burundi y Gabón, que en vez de ayudar a la población, cometían abusos. Abusos a mujeres y menores, como el caso de cuatro niñas a las que, atadas y desnudas, obligaron a mantener relaciones sexuales con un perro. Después les dieron 5.000 francos centroafricanos, unos siete euros. Dejándoles un estigma terrible, según la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, que se ha entrevistado con familiares de las víctimas en la República Centroafricana, donde el año pasado ya se denunciaron abusos y donde el jefe de la misión de la ONU tuvo incluso que dimitir.

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves por unanimidad una moción que insta al Govern a revisar el protocolo marco de actuaciones en caso de abusos sexuales y otros maltratos graves a menores para garantizar la formación "presencial y obligatoria de todo el personal que tenga relación profesional con menores para detectar abusos sexuales y maltratos".

La moción, presentada por SíQueEsPot, pide modificar el protocolo de actuación entre las consellerias de Enseñanza, y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para la "detección, notificación, derivación y coordinación en situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo".

Busca "garantizar el obligado cumplimiento del protocolo por parte de todos los centros", independientemente de su titularidad, y que no cumplirlo implique consecuencias penales que se detallarán en el protocolo.

En el estarán incluidos todos los condenados, con sentencia firme, por cualquier delito sexual. Un registro en el que se exigirá que no aparezcan ninguno de los alrededor de 800 mil profesores que hay en España, entre colegios públicos y privados. Algo que será obligatorio también para todos los profesionales que tengan contacto con menores. Todos. Desde un sanitario al monitor del comedor, de la piscina, del polideportivo. Afectará no sólo a los que se incorporen, desde hoy, a uno de estos trabajos. Sino también a los que ya están ejerciendo.

El juez de guardia de Granollers (Barcelona) ha dejado en libertad con cargos y sin ninguna medida cautelar al profesor del instituto público Eugeni Xammar de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) que fue detenido acusado de supuestos abusos sexuales a tres alumnos del centro. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 4 de Granollers, en funciones de guardia, tomó declaración anoche al profesor, que fue detenido ayer mismo por los Mossos d'Esquadra tras recibir una denuncia del propio instituto, a la que se sumaron los tres menores que supuestamente habían sido víctimas de abusos.

Un detenido y más de 80.000 archivos de contenido pedófilo es el balance de la operación "Hispano" de la Guardia Civil. Durante casi un año han rastreado la red, inspeccionado numerosas direcciones IP de ordenadores y redes de intercambio de archivos contra la posesión y distribución de pornografía infantil en Internet.