El Govern acudirá al TC para denunciar la aplicación del 155 y defender las leyes catalanas suspendidas

• Se trata de una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Ejecutivo
• Se persona en los recursos presentados por el Parlament y Podemos
• El TC rechaza el recurso de Puigdemont contra la impugnación de su candidatura

El presidente de la Generalitat , Quim Torra, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, a su llegada a la reunión del Govern.

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha anunciado este jueves que el Govern se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) en los recursos presentados por el Parlament y por Podemos contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y presentará alegaciones por leyes catalanas que están suspendidas.

Tras finalizar la segunda reunión del Govern después de la toma de posesión de los consellers del pasado sábado, Artadi ha comparecido en la sala de prensa del Palau de la Generalitat.

Ha sido la primera rueda de prensa del Ejecutivo catalán desde que, el pasado 24 octubre, su antecesor, Jordi Turull, ahora en prisión preventiva, protagonizara la última comparecencia ante los medios, antes de que el Govern de Carles Puigdemont fuera cesado en aplicación del 155 tras la declaración unilateral de independencia en el Parlament.

Artadi ha destacado que el Govern catalán "recupera su capacidad de personarse y presentar alegaciones" en los procedimientos contra 14 litigios competenciales con el Gobierno del Estado, de los cuales dos son los recursos contra el 155 a los que se suma el Govern: el presentado por el Parlament y el del grupo de Unidos Podemos en el Congreso.

Doce leyes en litigio que el Govern analizará

Los otros doce son leyes en litigio que el Govern analizará "caso por caso", ha explicado Artadi, que ha especificado que para las normativas ya con sentencia valorarán si las reformulan para llevarlas de nuevo al Parlament, mientras que para las otras se optará por retomar su defensa judicial ante el TC o su mediación previa con el Gobierno central si aún están a tiempo.

Entre las doce leyes, no está la de transitoriedad jurídica, que el Govern al menos de momento no pretende recuperar porque prioriza las normativas "sociales", ha detallado la portavoz del ejecutivo catalán.

Sí que figura en el listado la modificación de la ley de presidencia, con la que los soberanistas pretendían habilitar una investidura a distancia de Carles Puigdemont que no llegó a materializarse.

Las otras leyes son relativas a pisos vacíos, universalización de la asistencia sanitaria, la agencia catalana de protección social, comercio, transporte de viajeros, ciberseguridad, cambio climático, impuestos de la ley de acompañamiento para 2017, código civil y regulación del cannabis.

El TC rechaza el recurso de Puigdemont

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de súplica que interpuso el expresident Carles Puigdemont para que no se admitiera a trámite la impugnación de su candidatura a distancia para la Generalitat que presentó el Gobierno.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad, como ha sucedido hasta ahora siempre en el pleno del alto tribunal en lo que respecta a los asuntos vinculados al "procés". Lo que Puidemont pretendía era que no se admitiera a trámite el recurso del Gobierno contra su candidatura, una admisión que llevó al TC a suspenderla cautelarmente.

El alto tribunal aporta ahora, mediante una resolución motivada, los fundamentos jurídicos de no haber aceptado la petición de Puigdemont, argumentos que se centran en considerar que la impugnación del Gobierno no tenía un carácter preventivo.

"Las dudas iniciales acerca de la viabilidad procesal de la impugnación" quedaron despejadas, dice el TC, cuando el propio presidente del Parlamento, Roger Torrent, aplazó la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisión de la impugnación. El presidente del Parlamento asumió al hacerlo que la candidatura podía no resultar compatible con las medidas cautelares que había adoptado el Tribunal, dice el TC.

Otro de los argumentos del recurso de súplica se refiere a que el Gobierno ha incurrido en abuso de derecho y desviación de poder, y que ha actuado en contra de la buena fe al utilizar la acción impugnativa del artículo 162.1 de la CE. El TC desestima este razonamiento: este Tribunal, recuerda, "no puede entrar a analizar las intenciones de quien ejerce la cuestión de inconstitucionalidad".

También se rechaza la alegación del recurrente que sostiene que el Gobierno ha actuado de forma desproporcionada al solicitar la suspensión. El Tribunal señala que el reproche formulado no tiene entidad suficiente, pues la propia Constitución prevé la suspensión automática de preceptos autonómicos recurridos por el Gobierno cuando éste así lo solicite.