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El Gobierno destinará 200 millones de euros a la lucha contra la violencia de género en 2018

  • El pacto ha sido rubricado también por autonomías y administraciones locales
  • Comenzará en 2018 con 26 medidas que no requieren cambios legislativos

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Gobierno, autonomías y ayuntamientos destinarán 200 millones a la lucha contra la violencia de género en 2018

Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han sellado por unanimidad el Pacto de Estado contra la violencia de género, que arranca con el compromiso de una dotación de 200 millones de euros y la puesta en marcha de las primeras 26 medidas en 2018.

El acuerdo alcanzado en el Congreso el pasado mes de septiembre, que contempla una financiación de 1.000 millones en cinco años y más de 200 iniciativas para esta lucha, ha quedado ratificado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La ministra del ramo, Dolors Montserrat, ha garantizado que el Gobierno destinará el año que viene 200 millones de euros para poner en marcha el pacto contra la violencia de género, ya sea en la prórroga de los Presupuestos o si logra sacar adelante unos nuevos.

Al término de la Conferencia Sectorial de Igualdad, Montserrat ha destacado que culmina así este "histórico" pacto cuyas bases impulsó el Congreso el pasado mes de septiembre, y lo ha querido dedicar a "todas y cada una de las mujeres asesinadas en España", que suman 918 solo desde 2003, 47 de ellas este año.

La dotación presupuestaria ha sido uno de los puntos más polémicos del acuerdo. La ministra se ha comprometido a que de los 200 millones de euros para poner en marcha este pacto 100 vayan a las autonomías, 20 a los ayuntamientos y 80 al Gobierno central, para poner ya en marcha las primeras 26 medidas que no requieren reformas legislativas.

Incorpora las observaciones de las comunidades y los ayuntamientos

En el encuentro sectorial han participado responsables de las comunidades autónomas, representantes de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas.

Según han explicado fuentes de Sanidad, en la reunión se ha presentado para su aprobación el documento redactado por el Gobierno con los informes del Congreso de los Diputados y del Senado, que recibieron el apoyo mayoritario de ambas cámaras para su activación en un plazo de cinco años y con un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Además, el Ejecutivo ha incorporado en ese documento las observaciones del grupo de trabajo creado para arrancar el pacto con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, que ha mantenido distintas reuniones para elaborar, entre otras cuestiones, una hoja de ruta y el impacto presupuestario de las distintas medidas.

Las autonomías piden la dotación presupuestaria inmediata

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Ministerio de Sanidad, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha opinado que la firma de este miércoles es "simplemente un paso más" en la lucha contra esta lacra social y ha reivindicado una gestión eficaz del presupuesto y modificaciones legislativas para reconocer la capacidad de los ayuntamientos para abordar la violencia de género.

Mientras, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha celebrado el compromiso del Gobierno porque "sin recursos y sin medios no se puede combatir la violencia machista" y ha reclamado que la financiación esté ya en los tres primeros meses del próximo año.

Por su parte, el consejero madrileño de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha considerado que la ratificación del acuerdo "es un motivo de satisfacción" muy especialmente "para todas las víctimas de violencia de género" y ha calificado este pacto como el acuerdo "más importante que se ha hecho nunca".

También la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, se ha mostrado "positiva" porque se ha priorizado en la agenda política por primera vez "la erradicación de la violencia de género".

Por su parte, la consejera de Familia de Castilla y León, Alicia García, ha celebrado que las comunidades tengan ya "una ruta de trabajo, de implicación, de compromiso" para avanzar en la lucha contra la violencia de género y para "dar un mensaje de sensibilización a toda la sociedad, a los agentes y a las víctimas de que no están solas".

Las primeras medidas del pacto para 2018

Las 26 medidas acordadas entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las administraciones locales para poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia de género en 2018, porque no requieren modificiones legislativas son las siguientes:

- Medidas de sensibilización y prevención (6 medidas): prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario.

Mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección (3 medidas).

Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas en los protocolos de ámbito sanitario (una medida).

Asistencia y protección de los menores (6 medidas): suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, el régimen de visitas, refuerzo del apoyo y asistencia y prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores.

- Impulso a la formación de los distintos agentes ampliando la formación de profesionales de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores (4 medidas).

Seguimiento estadístico (una medida).

Recomendaciones a las administraciones públicas e instituciones (2 medidas), a través de acuerdos con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y con las CCAA para las víctimas de trata.

Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres a través de campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina (3 medidas).

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