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El Tribunal de Cuentas cita a Mas y a otros diez altos cargos para abonar una fianza de cinco millones por el 9N

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El Tribunal de Cuentas cita a Mas y a otros diez altos cargos para abonar una fianza de cinco millones por el 9N

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por el gasto de dinero público destinado a la consulta del 9N.

Entre los once ex altos cargos citados, según fuentes próximas a los implicados, están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron condenados por la celebración de la consulta en 2014. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa

Tras la citación del Tribunal de Cuentas, que se conoce solo un día antes del pleno en que el Parlament podría aprobar la ley del referéndum, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de "fomentar el miedo" con el Tribunal de Cuentas para intentar detener lo inevitable, el referéndum del 1 de octubre".

El expresidente catalán Artur Mas fue condenado el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años de inhabilitación especial por desobediencia al haber mantenido la convocatoria del 9N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.

El TSJC también condenó a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Educación Irene Rigau a un año y nueve meses de inhabilitación y un año y seis meses de inhabilitación respectivamente. Mientras, el Tribunal Supremo condenó al exconseller de Presidencia Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia.

Citación de otros siete altos cargos

En el listado de altos cargos citados por el Tribunal de Cuentas se incluyen el ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.

Los citados conocerán ese día, el 25 de septiembre, la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable.

No obstante, fuentes próximas a los implicados han dado por supuesto que diversas organizaciones soberanistas organizarán colectas para hacer frente a esa fianza, por lo que creen que no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal.

El escrito cita para ese día a estos once ex altos cargos para que hagan frente a la "liquidación provisional" de los gastos del 9N.

Denuncia por 5 millones de gastos públicos

A principios de junio, la Fiscalía presentó un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoyaba la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N.

Esta investigación que el Tribunal de Cuentas decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro. En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros.

Entre los gastos detallaban los siguientes: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Actuaciones "en abierta y franca contradicción con la Constitución"

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros".

El dinero se destinó, denunciaban estas asociaciones, para "realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

Solo unas horas antes de conocerse la citación del Tribunal de Cuentas a once altos cargos de la Generalitat por el 9N, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, advertía que habrá una actuación "firme" y "enérgica" en defensa de la unidad de España en clara referencia al desafío del referéndum soberanista del 1-O.

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