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Un agente de la Unidad Central Operativa  (UCO) de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una imagen de archivo. EFE Javier Etxezarreta

La Guardia Civil vincula al director de Comunicación del Ministerio de Educación con la trama 'Púnica'

  • Cuando trabajó como jefe de prensa de la Consejería de Educación de Madrid

  • Le atribuye fraude, malversación y tráfico de influencias

  • Según la UCO se pagaron con dinero público trabajos de imagen para Lucía Figar

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La Guardia Civil vincula al director de Comunicación del Ministerio de Educación, Pablo Balbín Seco, con el caso Púnica y le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias cuando era jefe de prensa de la Consejería de Educación de Madrid a las órdenes de Lucía Figar, ya imputada en la causa.

En un informe enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, se reiteran las sospechas sobre Figar y sobre el exviceconsejero de Educación Manuel Pérez, quien la sustituyó tras su dimisión por este caso en junio de 2015.

Para la UCO, "queda patente" que en la Consejería que dirigía Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería", que realizó la empresa EICO, vinculada a la trama Púnica de Francisco Granados.

Informes mensuales que se pagaban con dinero público

La Guardia Civil llega a estas conclusiones en el informe sobre "supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid relacionadas con Alejandro de Pedro", considerado "conseguidor" de contratos para la red Púnica.

La UCO sostiene que los informes mensuales de reputación online que hacía EICO para Figar y que se pagaban con dinero público "eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín", y además afirma que de diversos correos electrónicos se deduce que Figar "no era ajena al contenido de los informes".

El documento, de 129 páginas, analiza mensajes de "whatsapp" del móvil de De Pedro, documentación facilitada por la Consejería de Educación, declaraciones de testigos e imputados y documentación y correos intervenidos.

De este análisis se deduce que el dinero público pagado a EICO se usó para "promocionar la figura política" de Figar, sirvió para dar "pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería" y se llegó a usar "como medio de ataque contra la oposición política y social".

Utilizaron seis empresas distintas para facturar los trabajos

Así, según el informe, EICO creó usuarios falsos en redes sociales para lanzar mensajes contrarios a los críticos de Figar, perfiles que gestionaban periodistas "freelance" contratados por la empresa de De Pedro.

En cuanto a la facturación de esos trabajos, destaca "el recurso permanente a la contratación menor y el uso de seis empresas distintas para facturar los trabajos".

En ocasiones, cuando se llegaba a la cantidad máxima prevista para los contratos menores, los trabajos se seguían haciendo y no se facturaban como tales.

La UCO señala que, en base a las evidencias halladas, además de a Figar, Balbín, De Pedro y Pérez, se pueden atribuir delitos al exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D Luis Sánchez Álvarez y a los colaboradores de De Pedro Agustín Alonso, Abel Linares, Victor Daniel Steinberg.

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