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Rita Barberá deja el PP pero no renuncia a su acta de senadora

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Rita Barberá pide la baja en el PP pero no abandona su acta de senadora

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha solicitado su baja en el PP este miércoles pero no abandona su acta como senadora, tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

De esta forma, Barberá, que ha calificado esta decisión como "muy dolorosa", pasará al Grupo Mixto de la Cámara Alta y mantendrá el aforamiento, por lo que su caso seguirá en el Tribunal Supremo en vez de volver al juzgado de Valencia que lleva el asunto.

El Supremo investigará a Barberá en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, en la que se investigan donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

"He solicitado mi baja en el PP porque así me lo ha pedido el partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales", reza el comunicado (pdf.) enviado por Barberá.

La senadora ha defendido su inocencia en este comunicado dejando claro que no va a dimitir del Senado porque "de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad".

Además, asegura que espera el "pronto" inicio de las diligencias para poder declarar "en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno" y manifiesta que "no existe" contra ella "testimonio directo de incriminación".

Rita Barberá es senadora por designación autonómica de las Cortes Valencianas, no fue votada en unas listas como sí es el caso, por ejemplo, de Pedro Gómez de la Serna, que también pidió la baja del Partido Popular y pasó al Grupo Mixto del Congreso tras ser imputado por el mismo delito de blanqueo de capitales, entre otros.

Presión desde el PP para que Barberá tomara una decisión

Desde Génova se había intensificado en las últimas horas la presión para que Barberá tomara una decisión tras el auto del Supremo. Así, la propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo este martes que Barberá haría "lo mejor para el PP". El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, guarda silencio desde que el Supremo anunció su decisión.

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, ha sido uno de los más contundentes al afirmar este miércoles que si Barberá no tomaba una decisión "hoy mismo", el partido tendría que decidir. "Nos jugamos mucho", ha añadido, en plena campaña electoral.

Se juega mucho él- las elecciones vascas y gallegas son el próximo 25 de septiembre- y también el candidato a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha instado a Barberá a tomar una decisión "cuanto antes, pensando en España y en el PP y poniendo sus intereses legítimos en un segundo plano".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también ha sido muy explícita para pedir directamente que abandone el escaño "de forma voluntaria".

No solo el PP ha pedido a Barberá una reacción, desde el resto de partidos, la petición de dimisión también ha sido un clamor. Ciudadanos ha avisado incluso al PP de que no negociaría ninguna investidura sin un paso atrás de la exalcaldesa.

La exalcaldesa no ha perdido el aforamiento ni un día desde que llegó al Senado en julio de 2015, ni siquiera con la Cámara disuelta en los dos periodos electorales que ha habido desde entonces, porque el PP la ha mantenido en la Diputación Permanente.

Barberá llegó al Senado en el mes de julio del año pasado al perder la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, tras 24 años como regidora en Valencia.

Medio centenar de investigados por blanqueo en el Grupo Popular de Valencia

En la operación Taula hay cerca de medio centenar de personas investigadas (imputadas), además del PP como persona jurídica. La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros a los que se les daba en el Consistorio valenciano el nombre de "pitufeo".

El auto del Supremo se hace eco de los indicios sobre la implicación de Barberá, aportados por el juez de Valencia. Por un lado, dice que "María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" y que "resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".

Además, añade que ella "ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster (secretaria del Grupo Municipal Popular), tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia".

Barberá negó los hechos en marzo y ya dijo que no dimitiría

Después de que el titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia imputara al PP de Valencia por presunto blanqueo de capitales y ofreciera a Barberá la posibilidad de declarar voluntariamente, la senadora se defendió en marzo diciendo que "nunca" había ordenado blanquear dinero ni había tenido conocimiento de que lo hiciera su partido.

Así mismo, señaló en ese momento que no iba a dimitir y que nadie se lo había pedido dentro del PP. Barberá sigue defendiendo su inocencia y seguirá sentada en su escaño del Senado, aunque no desde las filas del PP sino del Grupo Mixto.

Compartirá escaños en las últimas filas del hemiciclo con los senadores de Convergéncia, de Ciudadanos, de UPN, de Compromís, de Coalición Canaria, Nueva Canarias y Agrupación Herreña Independiente, de Foro y de Bildu.