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Cámaras de la televisión francesa frente a la sede del Frente Nacional en Nanterre, París, el 17 de febrero de 2016. AFP / Geoffroy Van der Hasselt
Cámaras de la televisión francesa frente a la sede del Frente Nacional en Nanterre, París. AFP / Geoffroy Van der Hasselt

La Policía francesa registra la sede del Frente Nacional por un posible desvío de fondos comunitarios

  • Investigan si asistentes de eurodiputados trabajaron para el partido en Francia

  • El martes registraron la vivienda de Jean Marie Le Pen

  • El FN podría ser acusado de financiación ilegal

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La Policía ha registrado este miércoles la sede del Frente Nacional (FN) francés para investigar el supuesto desvío de fondos de la Unión Europea (UE).

Agentes de la Policía judicial han entrado a primera hora de la mañana en la sede del partido de Marine Le Pen en Nanterre, cerca de París.

Se trata del segundo registro relacionado con este caso en las últimas horas. Este martes, la Policía registró la casa de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido ultraderechista y padre de Marine, a las afueras de París.

El anciano líder ultraderechista se encuentra también bajo investigación por un caso de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Salarios pagados por la UE

La Justicia francesa abrió la causa en marzo de 2015 ante la sospecha de que 20 asistentes de europarlamentarios del FN que percibían salarios comunitarios nunca desempeñaron su labor en Estrasburgo, sino que trabajaron exclusivamente para el partido dentro de Francia.

Algunos de ellos aparecen incluso en su organigrama: cinco están adscritos como asistentes de Marine Le Pen y otros tres a su padre, según Le Figaro.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, durante una entrevista el 8 de febrero de 2016. AFP / LIONEL BONAVENTURE La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, durante una entrevista

Si se demuestra, la Fiscalía podría acusar al partido de Le Pen de financiación ilegal por el desvío a sus arcas de los fondos comunitarios destinados a estos salarios.

El fraude podría rondar los 7,5 millones de euros y la investigación está en manos de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, informa Efe.

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