Amnistía Internacional denuncia abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra en Yemen

• La ONG exige el inicio de una investigación independiente y eficaz
• También denuncia y pide a la coalición que abandone el uso de bombas de racimo
• Un informe investiga ataques en el noroeste del país con casi 100 víctimas civiles

Fotografía de una ciudad yemení tras los bombardeos de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.

Amnistía Internacional (AI) acusa a todas las partes implicadas en el conflicto en Yemen de haber cometido abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra y pide la suspensión de la transferencia de ciertas armas a la coalición que dirige Arabia Saudí.

“Estados Unidos y otros Estados que exportan armas a alguno de los bandos enfrentados en el conflicto de Yemen tienen la responsabilidad de garantizar que las transferencias de armas que autorizan no facilitan la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario", segura la organización.

En el informe "Caen bombas del cielo día y noche: Civiles bajo el fuego en el norte de Yemen" [Informe completo en inglés], la ONG analiza 13 ataques aéreos perpetrados por la coalición en Sada, en el noroeste del país, que causaron la muerte de unos 100 civiles, entre ellos 59 menores de edad y documenta el uso de bombas de racimo, un arma prohibida a nivel internacional.

"La ciudad de Sada ha sufrido mayor destrucción que ninguna otra ciudad del país por los ataques aéreos de la coalición" y su población "vive sometida al terror permanente de los ataques aéreos", sentencia el documento que exige el inicio de una investigación independiente y eficaz de estas violaciones.

Protección de las vidas civiles

Según la organización, en Yemen se está produciendo "un patrón de apabullante desprecio por la vida de los civiles" y la coalición militar encabezada por Arabia Saudí estaría contraviniendo el derecho internacional al declarar objetivos militares las ciudades de Sada y la vecina Marran en las que residen decenas de miles de civiles.

"Declarar objetivos militares extensas zonas densamente pobladas y atacar repetidamente viviendas civiles son elocuentes ejemplos de la flagrante falta de precauciones adoptadas por las fuerzas de la coalición para evitar la pérdida de vidas civiles como exige el derecho internacional humanitario", ha asegurado la investigadora de AI Donatella Rovera.

Para la organización, la reiteración en el ataque de viviendas en al menos cuatro de los casos investigados supone un indicio de que estas eran "objetivos perseguidos a pesar de que no existía ninguna prueba de que se estuvieran utilizando para fines militares".

Bombas de racimo y crisis humanitaria

El equipo investigador de AI asegura también haber encontrado en la zona restos de dos tipos de bombas de racimo y otro arma más sofisticada activada por sensores prohibidas por el derecho internacional. "Muchas de estas submuniciones no explotan al impactar, por lo que siguen representando una amenaza mortal para quien entre en contacto con ellas", concluye el informe.

Por otra parte, AI señala también que la región se enfrenta a una grave crisis humanitaria: "El suministro eléctrico de toda la ciudad se ha interrumpido, el sistema de asistencia médica se ha colapsado en las zonas alejadas y hay una grave falta de médicos".

Tras el fracaso hace una semana de los intentos de establecer una investigación internacional independiente sobre el conflicto en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la aprobación, en su lugar, de una resolución de apoyo a una comisión de investigación dirigida por autoridades nacionales; AI denuncia la "indiferencia del mundo ante el sufrimiento de la población civil yemení".

"El fracaso del Consejo de Derechos Humanos la semana pasada es el último de una sucesión de fracasos de la comunidad internacional a la hora de abordar la impunidad total de los autores de graves abusos en Yemen", ha dicho Rovera que apunta a la falta de rendición de cuentas como agravante de la crisis.

"Si los autores de los abusos siguen pensando que no tendrán que comparecer ante la justicia por sus delitos, la población civil seguirá pagando las consecuencias", ha afirmado.